Entre 1969 y 1978 Bolivia se encontraba en un crítico periodo dictatorial. En diciembre de 1977 el Gral. Banzer a través de un Decreto convocó a elecciones como un primer intento de democratización, las mismas se anularon por fraude. Entre 1977 y 1982 diez gobiernos tomaron la presidencia y la incertidumbre se posicionó como una de las principales protagonistas.

En aquel clima hostil entre pugnas de poder, opresión e inestabilidad económica el 10 de octubre de 1982 se recuperó la democracia boliviana con la esperanza de apostar a un sistema político conciliador.

A 39 años de democracia, es importante hacer un balance en cuanto al avance democrático. En un contexto pandémico y después de la crisis política de 2019 nuevamente el descontento social, la inestabilidad política y económica nos muestran lo frágil que es la democracia boliviana. La incertidumbre continúa siendo una de las protagonistas.

Los retos democráticos son complejos y sin duda existen muchos matices. En esta oportunidad me voy a concentrar en una de las principales limitaciones que entorpece el fortalecimiento democrático, el sistema clientelar.

Según Mariano Sánchez Talanquer, el clientelismo se entiende como una compra-venta de votos en la que se evidencian relaciones de poder con el predominio de intereses particulares sobre el interés de la población. Según este autor el clientelismo es un rasgo característico de la representación política y el ejercicio de gobierno con instituciones políticas débiles.

Las últimas elecciones generales, así como las subnacionales nos mostraron  que esta forma de acceso a espacios de poder está arraigada al accionar político. Acciones que evaden las principales problemáticas que aquejan a la sociedad boliviana como la educación, la salud, el acceso a la justicia, etcétera.

En las últimas elecciones aparecieron nuevos actores para apostar por la “renovación política”;  sin embargo, el sistema clientelar es tan fuerte que estos actores fueron absorbidos por este sistema y terminaron reproduciendo las mismas acciones dentro del juego político. El compadrazgo, el prebendalismo y los amarres políticos fueron otra vez adoptados por los partidos políticos. Lejos de su finalidad, que es la de canalizar las demandas sociales.

Por tal razón nos mantenemos en un constante estado de beligerancia e insubordinación que rebasa las buenas intenciones que tienen algunos líderes que carecen de un proyecto nacional que pueda llevarse a cabo fuera de sus clubes políticos. Todavía arrastramos una resistencia por cambiar las prácticas de corrupción y nepotismo de los partidos políticos. Así hemos podido evidenciar las comercializaciones de siglas partidarias, venta de puestos de candidaturas como en el caso de ADN en la ciudad de Potosí en el que ofrecían 10.000 dólares por la sigla.

Los partidos políticos fomentan vínculos de compadrazgo y amiguismo en el que existe una repartición de dinero, favores y cargos laborales. Esto genera significativos perjuicios en el Estado y elimina la institucionalidad que permite la transparencia y eficacia atentando de manera directa sobre la meritocracia y sobre todo sobre la representación y voluntad ciudadana, aspectos fundamentales de la democracia.

En consecuencia, tenemos una falta de legitimidad hacia el funcionamiento de las instituciones, procesos poco transparentes e irregularidades  que,  muchas veces, desembocan en actos de corrupción y accidentes políticos que nos mantienen empantanados en constantes estados de beligerancia.

A 39 años de democracia es necesario buscar alternativas al clientelismo para evitar que las instituciones del Estado sean tomadas como una especie de botín, que después de cada elección es repartido entre quienes ganaron espacios de poder.

La ciudadanía en general (excepto quienes pertenecen a los partidos políticos) ha  perdido la confianza en el rol de los partidos políticos y en las mismas instituciones públicas, por lo que es menester reconstruir las capacidades estatales en base a principios democráticos reales.