Hay consenso nacional acerca de que la Justicia viene dependiendo de la influencia del Ejecutivo desde algún tiempo antes del gobierno de los 15 años. Desde entonces se ha convertido en acatadora de las órdenes directas del Ejecutivo y Legislativo. Esa conducta (o inconducta) a nadie sorprende porque toda la cúpula judicial ha sido designada por el MAS a través del Legislativo, mientras la votación de la ciudadanía para ratificarlo fue mayoritariamente adversa a ese sistema de elección.
Este contexto se agrava porque la Justicia dispone prisión preventiva para la gran mayoría de detenidos. Destaca la detención de Jeanine Añez, de Marco Antonio Aramayo y de muchos otros. La primera, ex presidenta transitoria y el segundo, ex director del Fondo Indígena (Fondioc). La detención de Añez bajo cargos de sedición, conspiración y terrorismo, fue establecida en 6 meses, ya transcurridos. Se dispuso su detención por cinco meses en otro proceso penal ordinario. En ninguno de dichos trámites la Comisión de Fiscales encargada aportó prueba alguna, sin embargo, la prisión continúa indefinidamente. A nivel de juicio de responsabilidades en el Legislativo pesan contra ella unas cinco causas, sin plazo de iniciación. A la pregunta de cuánto tiempo más durará la prisión de ex mandataria, el presidente Arce dijo que lo determinará la Justicia.
El caso Añez es un atentado contra su precaria salud, afectada por anorexia drástica (pesando solo 50 Kg), crisis nerviosa y otros males. El régimen carcelario que la somete es inclemente y un instrumento de venganza. Dispone su aislamiento e incomunicación. Solo tienen acceso sus abogados y algunos familiares. Últimamente no se conoce los reportes de salud de sus médicos privados, por impedirlo los custodios. La detenida denuncia que, con la aplicación de los fármacos de galenas del penal, la dopan, le provocan sueño y hasta alucinaciones. Hace algún tiempo Áñez, en estado de desesperación, intentó quitarse la vida mediante cortes venosos, los que el titular de Gobierno dijo que eran simples rasguños. Este cuadro dramático despertó inclusive la atención de organismos internacionales, empero el Gobierno se encierra en el silencio.
Otro caso inaudito es del señor Marco Antonio Aramayo, ex Director Administrativo del Fondo Indígena (Fondioc). Conlleva más de 200 procesos judiciales por haber denunciado el desfalco e inexistencia de muchos proyectos que ese Fondo aprobó sin justificación ni fundamento. Esa proliferación procesal lo obliga a constituirse en varios departamentos del interior desde el 2011 y años sucesivos, detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz. No son los únicos casos en los que los detenidos sufren por “la injusticia de la Justicia”, obediente al Gobierno Central.