La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) muestra nuevamente que, además de no proponer políticas de desarrollo para las regiones y el país en general, no tiene conocimiento de las normas básicas que cuidan el derecho a la información y expresión.

Esto se expresó luego de que el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez pretendió intimidar al periodista de la casa televisiva estatal Iván Maldonado; le exigió que revele una fuente informativa.

Eso no es todo sin embargo. En sus declaraciones mostró su falta de capacidad y conocimiento normativo. Acusó a Maldonado de “terrorismo comunicacional”, figura que no existe en ninguna norma nacional.

También amenaza con presentar esta denuncia, que no tiene figura legal válida, ante el Ministerio de Comunicación, cuando esta instancia dejó de existir gracias a las gestiones de la propia oposición durante la gestión de facto de Jeanine Añez. Gutiérrez desconoce que ahora existe el Viceministerio de Comunicación, que depende del Ministerio de la Presidencia.

Luego exige que se revele la fuente de una noticia. No sabe que existen normas que cuidan la labor periodística, entre ellas la Ley de Imprenta. Su actitud es un intento de vulnerar derechos que cuidan la libertad de expresión.

El periodista Maldonado manifestó que la denuncia la asume con mucha calma porque no es la primera vez que le intimidan a partir de este tipo de declaraciones; dijo que le llama la atención el nuevo término utilizado: ‘terrorista comunicacional’ y que Bolivia TV hace terrorismo comunicacional.

“Hay muchos excesos, desde confusiones que utiliza el propio diputado Juan Carlos Gutiérrez, como por ejemplo que ya no hay Ministerio de Comunicación, él se refiere que va a hacer petición de informe ante el Ministerio de Comunicación para que este periodista terrorista de la comunicación revele su fuente. Supuestamente se ha falseado la realidad, dice él, y que yo he afirmado cosas que son peligrosas, y debe demostrarlo”, manifestó el periodista.

Se pronunció además el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, quien pidió que “no nos amedrenten, no nos amenacen, déjennos realizar nuestra labor”.

La Ley de Imprenta manifiesta, en su artículo 8, que el secreto de fuente es inviolable, además de que el Pacto de San José hace lo mismo e indica que el periodista no puede revelar el origen de su información.

Cabe recordar también que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

Extraña más aún que, además de la CSTPB y alguna que otra federación, las organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas, que sale a exclamar a los cuatro vientos cuando se vulnera el derecho de algún periodista de medios conservadores, no diga nada sobre este hecho, lo que muestra una clara parcialidad y repudio a los trabajadores de la prensa estatal, como si éstos no tuvieran los mismos derechos.