A la conclusión de la audiencia por el amparo constitucional presentado por la defensa de Manfred Reyes Villa, los vocales Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores de la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca denegaron la tutela en su favor y ahora será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que defina su situación jurídica.

Pese a esa determinación, queda en suspenso el cumplimiento de la sentencia condenatoria de cinco años de prisión hasta que los magistrados se pronuncien en un plazo de 24 horas a partir de la notificación a las partes.

En las siguientes horas se presentará el auto de vista de la Sala Constitucional Segunda.

La audiencia se había instalado a las 11.40 de ayer en la capital del Estado Plurinacional y culminó pasadas las 19.00.

Afines al alcalde cochabambino llegaron hasta la ciudad de Sucre para darle su apoyo. (Foto: Correo del Sur)

“Voy a continuar como alcalde de Cochabamba porque ustedes son los que me han puesto acá. Es una persecución, pero la justicia está de nuestro lado”, dijo Reyes Villa a sus simpatizantes a la conclusión de la audiencia.

El burgomaestre cochabambino aseguró que con esta determinación de la justicia se le da la razón y que cumplirá con su gestión de cinco años al frente de la Alcaldía.

Solicitud

El Alcalde de Cochabamba había pedido que se deje sin efecto la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que rechazó un recurso de casación (apelación) en contra de una sentencia condenatoria de cinco años de prisión emitida en 2013 por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La audiencia fue virtual y el burgomaestre la siguió desde la sala de reuniones de la Alcaldía de Cochabamba, mientras en los alrededores del Palacio Consistorial fueron instaladas varias vigilias por parte de sus simpatizantes que aseguraron que se trataba de una persecución política y que no se permitiría que se le quite el cargo porque en las pasadas elecciones le dieron un respaldo pleno.

El proceso

Como alternativa de solución al problema del tramo El Sillar, vía Cochabamba-Santa Cruz, en septiembre de 2006, la Prefectura de Cochabamba y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo para la presentación de un estudio a diseño final.

Fueron erogados Bs 1.615.000 para consultorías individuales, pero el proyecto establecía una consultoría multidisciplinaria. Tampoco se tomó en cuenta que el tramo caminero atravesaba el Parque Nacional Carrasco.

Se contrató de manera ilegal a los consultores para el estudio de factibilidad técnica y se omitieron y transgredieron disposiciones legales administrativas.

En abril de 2013, la justicia dispuso una condena de cinco años de prisión; sin embargo, hasta ahora esa disposición no ha sido ejecutada y el Alcalde valluno se niega a cumplirla.

En su criterio, en su momento fue absuelto de culpa.