La presente columna viene precedida de otras que abordaron el mismo acontecimiento: un año más desde que, en 1982, la democracia llegó  –así lo sentimos pese a las indisimuladas acciones del régimen de Morales Ayma para destruirla- para quedarse.

Este recorrido de 39 años puede ser considerado, según cómo se lo mire, largo, en comparación con otros periodos sin interrupciones de carácter dictatorial, o corto, en tanto proceso histórico.

Pero si lo juzgamos por sus hitos, sus primeros 20 sentaron cimientos sólidos que resisten los embates de quienes, desde el poder, intentan socavarlos.

El primer gran hito es justamente el del 10 de octubre de 1982, fecha histórica que corona un arduo periodo de intentos democratizadores con duros tropezones –una elección con más votos que votantes, golpe militar contra Guevara Arce, golpe militar contra Lydia Gueiler-. Entre los antecedentes hay que ponderar las figuras de los militares institucionalistas David Padilla Arancibia y Guido Vildoso Calderón.

El segundo, siempre a mi juicio, es el acortamiento del mandato del Dr. Hernán Siles Zuazo, agobiado por la crisis económica –deuda externa, hiperinflación, devaluación- “heredada” de los regímenes dictatoriales, y por una despiadada oposición que no había aprendido las lecciones de noviembre del 79 y de julio del 80. Con una grandeza pocas veces vista en quien ocupa la silla presidencial, Siles dio un paso al costado.

El tercero, es la estabilización económica, a un considerable costo social, que se resume en dos frases de Paz Estenssoro: “Bolivia se nos muere” y “Esta es una coyuntura que puede durar 20 años”.

En cuarto, es el de la construcción institucional de la democracia, comenzando por la de la entonces Corte Nacional Electoral que, en determinado momento, llegó a tener la confianza absoluta de la sociedad. Los acuerdos del 19 de julio de 1992 (Gobierno de Paz Zamora) trazaron el camino que condujo a otros hitos.

El quinto, es el de la Participación Popular, mecanismo que otorgó a los municipios recursos y poder que hasta entonces no los tenían. La descentralización se abría paso y lo rural se integraba al concierto político. Fruto de la primera reforma a la Constitución de 1967, se introducen las categorías “multiétnica” y “pluricultural” de nuestra república; el reclamo de la primera marcha indígena se inscribía en letras constitucionales. No menos importantes fueron el voto a los 18 y la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.

La agenda de reformas institucionales quedó trunca ante el advenimiento de un ciclo de contracción de la economía –factura de la dependencia de los recursos naturales- y las acciones gubernamentales se centraron en el intento de evitar mayores daños al erario. Esto desgastó a la política y la válvula de escape fueron las reformas de 2004. La llamada “desmonopolización” de la política y la constitucionalización de institutos de democracia semidirecta: Asamblea Constituyente y Referéndum.

Lo que nos lleva a 2005, el sexto hito. Las elecciones de aquel año fueron el triunfo de la democracia y, ¡quién lo diría!, el comienzo de su actual agonía. Pero, como reza la arenga de octubre/noviembre de 2019, “Nadie se cansa, nadie se rinde”.

Colofón: el Gobierno constitucional transitorio podría haber sido considerado el séptimo hito si no hubiese sido tan desastroso, si solo se hubiera dedicado a lo que le correspondía hacer.

Pero de ahí a que el régimen de Morales Ayma quiera, con cada vez menor credibilidad, tacharlo de “gobierno de facto” dista una enorme brecha. El único argumento que aún le queda es que un uniformado le colocó la banda presidencial a la señora Áñez. Quiero recordarle al régimen de Morales Ayma que la Constitución vigente fue aprobada en grande por el MAS en un recinto militar en las afueras de Sucre, luego de la muerte de tres ciudadanos y de un centenar de heridos, ¿hace ello de la misma una Constitución de facto? En la lógica del régimen de Morales Ayma, sí. Empate técnico.