Se cumplen 45 días desde que los indígenas de tierras bajas, organizados por la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CEPIB), iniciaron su marcha. Desde aquel arranque, en el atrio de la catedral de Trinidad (Beni), manifestaron la urgencia de lograr un nuevo diálogo con el Gobierno para defender su tierra y territorio. Después de 37 días de caminata llegaron a la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz con una agenda nacional de 16 puntos y que surgieron del consenso de los propios marchistas.

Desde entonces más de 500 indígenas permanecen en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno aguardando la respuesta oficial del ejecutivo para reunirse. Pero ellos no aceptan dialogar con los viceministros sino con el presidente Luis Arce o el vicepresidente David Choquehuanca.

“Hemos cursado una carta abierta y pública a las autoridades nacionales para conminarlas esta vez, a que concurran a dialogar con el Parlamento de Naciones Indígenas y toda la columna de la gran marcha este jueves, 7 de octubre, a las 10:00 de la mañana en los predios de la Uagrm. Los vamos a esperar”, manifestó Abdón Justiniano, presidente de la Cepib.

La tarde de este miércoles, los indígenas marcharon por el centro de la capital cruceña y volvieron hasta la plaza principal para mostrar su unidad y firmeza en las medidas asumidas. Además, anunciaron radicalizar la protesta si no se lograba dialogar este jueves.

“Estamos aquí para decirles que seguimos a la espera de las estructuras de los poderes del Estado. Creemos que los servidores públicos, que han sido elegidos para prestar sus funciones al servicio del pueblo, honrarán esa investidura que tienen como primeras autoridades del país”, señaló Marcial Fabricano, vocero del parlamento indígena.

Fabricano dijo que seguirán en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, esperando la atención del presidente y vicepresidente del Estado, pues no quieren mediadores que no tengan la capacidad de tomar decisiones sobre las demandas de los indígenas.

Hace ocho días, la marcha aguarda a las autoridades de Gobierno para establecer una mesa de diálogo. En un primer acercamiento, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se aproximó a la columna a nombre del Ejecutivo. Los propios indígenas impidieron el ingreso de la autoridad, ya que no contaba con las credenciales correspondientes.

Ríos se ha caracterizado por ser el portavoz visible más crítico con los marchistas a quienes acusó en reiteradas oportunidades de no contar con un pliego de demandas para que el ejecutivo pueda analizarlas. Sin embargo, y en contradicción de estas manifestaciones, la diputada de Comunidad Ciudadana Toribia Lero, en su condición de presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, oficializó la entrega de las demandas en la Casa Grande del Pueblo.

También el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, trató de acercarse a los dirigentes de los marchistas con una invitación a una reunión en instalaciones gubernativas. Fieles a lo dispuesto por la columna, los marchistas reclamaron que el encuentro se desarrolle junto al grueso de los indígenas que representan a más de una veintena de los pueblos originarios del país.