Asistimos a un nuevo intento de eliminar autoridades opositoras mediante la Justicia, esta vez contra Soledad Chapetón, Alcaldesa de El Alto. La misma determinación oficialista tiene lugar contra José María Leyes, Burgomaestre de Cochabamba y contra Eduardo Mérida, Alcalde de Quillacollo. Éstos últimos suspendidos y con detención domiciliaria. La primera trágica intentona contra Chapetón tuvo lugar con el incendio y asalto a la sede municipal de El Alto, por una turba presidida y alentada por ex funcionarios cesados de la gestión del alcalde Patana, militante del MAS al igual que los incendiarios.

El criminal atentado enlutó el día 17 de febrero de 2016 a dicha ciudad con la muerte de 6 funcionarios ediles y 26 heridos y asfixiados, cercados en el edificio en llamas, sin auxilios de emergencia ni de la Policía del lugar a cargo de su comandante José Peña, no investigado dentro del proceso respectivo. En días posteriores solo dos de los autores se encontraban detenidos y paradójicamente unos 5 funcionarios municipales fueron inculpados. Presuntamente a dos años del atentado no se conoce el estado del juicio, posiblemente archivado sin que nadie sea responsabilizado por las muertes. Estas son las cosas de una Justicia temerosa de la voluntad del Gobierno Central.

Esta vez Soledad Chapetón fue denunciada por la transferencia de un predio municipal en la década de los años 90, hace por lo menos 20 años. El denunciante es Rafael Quispe, diputado del mismo partido (UN), elector de ambos. Este acto desleal hace suponer que Quispe estaría preparando el terreno como futuro alcalde de El Alto. Hay rumores en ese sentido. No obstante, el diputado desistió de su demanda para no facilitar un “golpe institucional” contra su correligionaria, según dice, a cargo del oficialismo. En efecto, el viceministro de Trasparencia del Ministerio de Justicia, Diego Jiménez, pidió oficialmente la detención de la alcaldesa opositora, en causa común con el Ministerio Público, cuya imputación exigía la misma medida.

Los fiscales no tuvieron en cuenta que la reversión del predio la inició el alcalde José Luis Paredes y la actual gestión reactivó la causa como consta en la documentación respectiva. Finalmente la Juez 3ª Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, sin acceder a la detención preventiva, decretó que la imputada asista cada 15 días para la firma del cuaderno, presente 2 garantes, quedando prohibida de declarar a los medios sobre el caso.

Sin embargo, al alcalde Leyes se le ha hecho víctima de las más humillantes medidas judiciales contrarias a los derechos humanos, demostrativas de recursos vengativos posiblemente gratuitos, lo que no significa que no deba ser procesado en justicia.