A poco de cumplir un año en el poder, el gobierno de Luis Arce ha sufrido su primera derrota en las calles. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha apostado el todo por el todo para imponer una dirigencia afín en Adepcoca, la organización que agrupa a los productores de coca tradicional de los Yungas; sin embargo, tuvo que retroceder y admitir que perdió.

El conflicto entre el MAS y este sector data, al menos, desde la aprobación de la Ley de la Coca, en 2017, pero los últimos 15 días se libró la batalla final, aunque habrá que estar expectantes sobre las nuevas estrategias que emplee el oficialismo para tomar el control de esa organización, porque ha dado muestras que es un objetivo irrenunciable.

El tramo más crítico del conflicto comenzó con la toma de Adepcoca por parte de la dirigencia oficialista, encabezada por Arnold Alanes, con el apoyo de la Policía, la madrugada del 20 de septiembre. Luego de esa acción violenta, el ministro Del Castillo reconoció -como si tuviera tuición para ello- a ese dirigente y puso a su servicio la fuerza pública. De ahí en adelante, la violencia se apoderó de Villa Fátima, donde funciona la sede cocalera y el mercado de la coca legal de los Yungas.

A diferencia de lo que ocurre en otros conflictos, el MAS no sacó a sus propios sectores para hacer frente a los orgánicos, tal vez porque en este caso no tenga suficientes bases para lograr su objetivo. Pero, sí instrumentalizó a la Policía que, día tras día, reprimió a los productores de coca que pretendían retomar las oficinas y el mercado. Cada jornada hubo heridos, detenidos, bienes materiales destruidos y hasta periodistas golpeados. Pero, quizá la parte más preocupante es la actuación de grupos irregulares que, según los vecinos y los videos que circularon aquellos días, actuaban al amparo de la Policía lanzando dinamitas o causando zozobra en la movilización.

Finalmente, este lunes los productores de coca lograron lo impensable:   ganaron la batalla a la Policía y retomaron el control de su sede y su mercado. No está demás recalcar que esas instalaciones fueron compradas por los propios productores, que aportaron coca y trabajo con la finalidad de tener un lugar para acoger a sus bases.

Ante la evidencia, el ministro Del Castillo tuvo que recular y retirar a la Policía para evitar más enfrentamientos. Es de esperar que, luego de estos sucesos aleccionadores, esta autoridad cambie su estrategia represiva y persecutoria por el bien de la institucionalidad y por la paz del país.

Pero, hay que tomar nota del anuncio hecho por Alanes, en sentido de que se procederá a comprar una nueva sede y mercado. Es probable que con el dinero del Estado lo haga, pero lo que no podrá comprar el MAS, en este caso, es la legitimidad.