La irresoluble disputa de relatos que se arrastra y atiza desde la crisis político-institucional de 2019, expresada hace unas semanas como rivalidad de símbolos, tendrá en los próximos días un espacio de contienda en las calles. Tanto las oposiciones como el oficialismo han anunciado actos y movilizaciones a propósito del día de la democracia. La polarización no afloja.

Con más desinformación que argumentos, las oposiciones política, cívica y mediática del país están ejecutando una coordinada campaña de rechazo a diferentes normas impulsadas por el Gobierno (en especial el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancia ilícitas). Exigen también el “cese de la persecución político-judicial” en torno al caso Golpe, hoy en curso en la justicia ordinaria. Y respaldan movilizaciones sectoriales como la marcha indígena y de la fracción opositora de cocaleros de los Yungas.

Dicha agenda “por la unidad y la defensa de la democracia” se reafirmó en la reunión sostenida el lunes en el Comité Cívico pro Santa Cruz por un grupo de dirigentes cívicos (algunos sin ninguna representatividad), actores políticos (derrotados en las elecciones generales 2020) y “activistas” de plataformas opositoras. En un pronunciamiento pleno de “exigencias”, el nuevo bloque acordó apoyar una marcha en La Paz el 10 de octubre y se sumó al paro cívico convocado para el día siguiente.

En la otra trinchera, también en lógica de polarización y radicalizando el discurso, el expresidente Evo Morales y el autodenominado “Estado Mayor del Pueblo y para el Pueblo” se declararon en estado de emergencia y convocaron a una movilización en Cochabamba el 12 de octubre. La agenda se concentra en tres puntos: defensa de la revolución democrática, defensa del gobierno de Luis Arce y desagravio a la wiphala. Voceros del oficialismo acusan a la oposición de un “nuevo intento de desestabilización”.

Las acciones de calle del 10 y del 12 de octubre, así como el paro político del día 11, estarán precedidos por la declaración en la Fiscalía del exdirigente cívico y actual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, citado en calidad de sindicado en el caso Golpe. Lo que para unos es “persecución política” para otros es “exigencia de justicia”. Este hecho, marcado por declaraciones altisonantes y advertencias de ambos lados, incrementa la tensión en el simbólico octubre, mes de la democracia.

Mientras actores de las oposiciones y del oficialismo están empeñados en agitar sus relatos y banderas, y llevan al extremo la polarización, es fundamental seguir insistiendo en la necesidad de construir puntos de acuerdo y puentes de encuentro en democracia. Ello implica garantizar, como mínimo, que no haya impunidad en ningún caso de vulneración de los derechos humanos documentados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Es una línea roja que no se puede cruzar.