Un ampliado de las organizaciones sociales del país junto a la Central Obrera Boliviana (COB), el 28 de julio de 2020 en la ciudad de El Alto, definió un paro nacional indefinido para exigir la elección presidencial para el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como lo definió unilateralmente el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

Una marcha de mujeres indígenas, campesinos, trabajadores mineros, fabriles y gremiales marcó el inicio de una multitudinaria concentración en el distribuidor de la Ceja de El Alto que definió paralizar el país por falta de políticas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, en rechazo al cierre de postas de salud y de los hospitales, de las empresas estatales y la falta de empleos, entre otros.

“A partir de hoy se inicia la huelga general indefinida en los nueve departamentos del país (…) Vamos a instruir a nuestros ejecutivos nacionales y departamentales a organizarse para coordinar esta huelga general indefinida”, declaró el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

RÉGIMEN DE FACTO

Después del golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, la senadora por la agrupación política Demócratas Jeanine Añez asumió el régimen de facto el 12 del mismo mes con el compromiso de convocar a elección nacional en tres meses, conforme establece la Constitución Política del Estado.

En ese marco, el plebiscito se fijó para el 22 de enero de 2020; pero con el pretexto de la pandemia y la implementación de una cuarentena rígida la pospuso hasta el 3 de mayo, después para el 6 de septiembre y finalmente para el 18 de octubre de 2020.

INDIGNACIÓN

La negativa de restituir la democracia y la evidente ambición de prórroga de mandato por Añez y sus aliados indignó a las organizaciones sociales y a la población, porque día que pasada estaba más asfixiada por la falta de ingresos económicos, el alto costo de los medicamentos, el cierre de hospitales y las denuncias de corrupción.

COB

El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, declaró a los medios de comunicación que la determinación responde al abandono del régimen de facto al pueblo, por la ausencia en la atención médica, a la clausura de la educación, el despido de personas de las entidades públicas, la crisis económica, la paralización de la producción y la destrucción de las empresas estatales y privadas.

“Este gobierno de facto ha generado malestar y abandonó al pueblo afectando la economía de nuestros compañeros gremiales, transportistas y de todos los sectores sociales. Todos somos testigos de cómo nuestro Estado Plurinacional y la economía se va destruyendo día a día”, precisó.

CSUTCB

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, fustigó al régimen de Añez y condenó la sumisión del TSE para evitar la restitución de la democracia en el país. Calificó como un abuso y una burla la decisión del Órgano Electoral. “La movilización no sólo es en la sede de gobierno, sino en todo el país exigiendo que haya democracia. Hasta ahora sólo hubo dictadura y no han cumplido con las promesas que hicieron, y el Tribunal Supremo Electoral suspende las elecciones, por eso es la gran movilización nacional que se está llevando. La elección es la única solución para que haya un nuevo gobierno electo por el pueblo, eso es lo que necesitamos, porque con este régimen de facto no va a haber ninguna solución, por eso es esta movilización a la cabeza de la Central Obrera Boliviana; esto es sólo el principio, más adelante habrá movilizaciones más grandes si no se cumplen las elecciones el 6 de septiembre”, advirtió.

‘BARTOLINAS’

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, Segundina Flores, aseguró que sólo con la movilización de las organizaciones sociales se derrocará al gobierno de facto a través de una elección presidencial que permitirá establecer un gobierno legítimo. “La lucha ha empezado y no vamos a parar hasta derrocar al régimen de facto”, sentenció.

FSTMB

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, denunció que bajo el pretexto de la pandemia el régimen de Añez ha encerrado a los bolivianos en sus casas con una cuarentena rígida militarizada, condenándolo a la muerte por falta de trabajo, alimentos, medicamentos y atención médica.

“El pueblo tiene derecho a reclamar sus demandas, no nos han atendido en salud, el pueblo está muriendo, queremos que se respete la Constitución Política del Estado. El sector minero está presente, es necesario encabezar la lucha, hay que entregar alma vida y corazón para rescatar la dignidad de Bolivia”, precisó.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Desde las 00.00 del 3 de agosto comenzó el paro nacional indefinido en defensa de la vida y la democracia con más de 100 puntos de bloqueos instalados en las principales carreteras de la red fundamental del país, a pesar de la amenaza de Añez de una intervención militar y policial para evitar el aumento de casos positivos de Covid-19.

CUARTO INTERMEDIO

Después de 13 días de iniciado el paro nacional indefinido, un ampliado de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad (entidad que aglutina a todas las organizaciones indígenas originarias campesinas) definió cuarto intermedio en la medida de presión y vigilia permanente hasta la realización de la elección general del 18 de octubre.

“A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo, damos un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina, estamos más seguros hoy que nunca que después del 18 de octubre, día de las elecciones, no van a querer hacer el traspaso de mando, hoy estamos viendo una realidad, estamos muy conscientes de lo que está viviendo nuestro país”, manifestó Juan Carlos Huarachi.

El dirigente calificó como un triunfo la movilización nacional, porque se aprobó la ley para la realización de las elecciones y otras en favor del pueblo, por lo que la pacificación no es por el régimen de facto, sino por la lucha de las organizaciones sociales y obreras del país.

“Esta lucha no es en vano, porque se consiguió la ley de diferimiento de los créditos bancarios, el bono contra el hambre, la ley de arraigo y de ley de elecciones (…) Esta ley de elecciones ha traído controversias, pero para nosotros no iba a haber elecciones ni el 18 de octubre, no había los fondos económicos para llevar adelante. El Poder Ejecutivo no los había aprobado, nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano, y no de ahora, sino desde que se ha posesionado este gobierno de facto”, afirmó.

La bancada del Movimiento Al Socialismo encaminó la nueva fecha de elección con la condición de que no se postergue por ningún motivo. La adhesión fue considerada como una traición por los dirigentes de la COB porque no fue consensuada con ellos, por lo que se declaró una vigilia permanente hasta después del 18 de octubre porque el régimen de facto no estaba dispuesto a dejar el poder. Luego del triunfo del binomio Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, se hizo pública una conversación del que fue ministro de Defensa Luis Fernando López, en la que negocia la contratación de mercenarios norteamericanos para impedir que Arce y Choquehuanca asuman el mando.

EL TSE HABILITA A NUEVE FRENTES POLÍTICOS PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a nueve fuerzas políticas para la elección presidencial del 18 de octubre de 2020. Además de 7.332.925 bolivianos habilitados para sufragar, quienes también eligen a 36 asambleístas de la Cámara Alta, cuatro por cada departamento; y 130 diputados, de los que 63 son por circunscripciones uninominales y 60 por circunscripciones plurinominales departamentales.

CANDIDATOS

Luis Alberto Arce, candidato del MAS, fue Ministro de Hacienda desde que Evo Morales asumió como presidente de Bolivia en 2006. En 2009 asumió como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Estuvo en el cargo durante los mandatos de Morales, con una interrupción entre 2017 y 2018.

Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana (CC), fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 2002; luego de la renuncia de Sánchez de Lozada por la masacre de 2003 en El Alto, quedó como Jefe de Estado por sucesión hasta que renunció al cargo en 2005.

Luis Fernando Camacho, por Creemos, tomó notoriedad por el golpe de Estado de 2019 a Evo Morales y fue estrecho aliado del régimen de facto de Jeanine Añez. Camacho fue presidente del Comité pro Santa Cruz, un ala de ultraderecha y con un discurso mesiánico. Fue el líder de las movilizaciones que terminaron con la ruptura del orden constitucional.

Chi Hyun Chung, del Frente Para la Victoria (FPV), de origen coreano con residencia en Bolivia desde sus 12 años. Chung es miembro fundador de 70 iglesias evangélicas presbiterianas en el país. Su primera candidatura fue para las elecciones de octubre de 2019 por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Feliciano Mamani, por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), dirigente sindical, fue secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) de Oruro.