“Áñez estará en prisión hasta que la justicia dé su veredicto”, dijo el presidente Arce en una entrevista a France24. “Alguien tiene que responder por los 38 muertos en Sacaba y Senkata”, concluyó. ¿Cómo leemos esta declaración? ¿Como una opinión o como una orden a la justicia? ¿Cómo se puede afirmar que la justicia es independiente si una autoridad política —el presidente, nada menos— no se abstiene de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso?

Será muy difícil que haya reconciliación en un escenario social tan polarizado y extremamente tenso a causa de los excesos y enfrentamientos entre políticos. Lo acontecido en las últimas semanas así lo demuestra: a) toda la oposición criticó despiadadamente a la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, quien afirmó tener más coincidencias con el MAS que con Creemos y deseó que el presidente tenga una buena gestión; b) en La Paz y Cochabamba, el MAS busca ganar en la fiscalía lo que no pudo ganar en urnas, e impulsa una feroz persecución judicial contra los alcaldes Arias y Reyes Villa, quienes fueron apoyados contundentemente en las pasadas elecciones municipales; c) una trifulca bochornosa en el aniversario de Santa Cruz, luego de que el vicepresidente izara una wiphala que el ministro de Gobierno sacó de su bolsillo, desatando así una ociosa pulseta nacional sobre banderas y símbolos patrios.

En la política nacional, el principal confrontador es, por supuesto, Evo Morales. Su retórica es tan violenta y filosa que incluso genera fisuras en su propio partido. “No habrá reconciliación con los lacayos del imperio”, le dijo a su hermano David Choquehuanca en un congreso en el trópico, luego de que éste, en su discurso, sugiriera desterrar el individualismo y la ambición personal y llamara al respeto a los derechos humanos, en una clara afrenta al caudillo. Para Morales, no sólo somos lacayos del imperio quienes criticamos el despilfarro en sus largos años de gobierno, censuramos sus ambiciones prorroguistas, su desconocimiento del 21F y protestamos ante las irregularidades en las elecciones de 2019, sino también todos aquellos militantes de su partido que promueven la renovación del personal político y piden que él y sus delirantes exministros se jubilen.

Pero Evo no reconoce su caducidad ni tiene ninguna intención de colgar los kichutes y dedicarse a la cría de peces en el trópico; todo lo contrario: quiere retomar el poder y, en nombre de la reivindicación de los humildes, comportarse, se advierte, más autócrata y atropellador que nunca hasta que el país entero se rija con los estatutos verticales de su partido, en los que se le reconoce un liderazgo nato e incuestionable.

Mientras tanto, el gobierno de Arce dedica más tiempo a persecuciones judiciales, apresamientos y elaboración de leyes abusivas —como la de antilegitimación de ganancias ilícitas— que a los temas esenciales que podrían mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Y esa política de avasallamiento a los derechos humanos promueve que la sociedad tenga un comportamiento irritable, más racista e intolerante. Sin embargo, bien haríamos todos en tranquilizarnos, tomar aire y reflexionar antes de actuar. ¿Por qué seguir el juego a los políticos bravucones? ¿Nos odiamos tanto que preferimos seguir empantanados, discutiendo sobre golpes y fraudes, banderas y símbolos, en lugar de buscar consensos y progresar?

Comencemos por eliminar las connotaciones racistas de nuestro discurso, incluso en las confrontaciones verbales tan comunes en la selva del tráfico vehicular, pues existe siempre la posibilidad de mandar al carajo al prójimo sin hablar de raza, acento ni color de piel. Debemos comprender que la urgente reconciliación no implica estar de acuerdo con todo, ni saludarnos con un mojado y sonoro beso en los labios —a lo ruso— cuando termine la pandemia. Se trata solamente de aprender a coexistir en paz, respetando nuestras diferencias, siempre buscando llegar a acuerdos en temas de beneficio común.

¿Quién, sino el presidente Arce, debería dar el primer paso? Impulsar la eliminación de la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de preseleccionar a postulantes a magistrados jerárquicos y consejeros de la magistratura, para garantizar una justicia independiente que no actúe como un instrumento de represión del gobierno de turno; convocar a una cumbre política y social donde podamos conversar sobre todo lo que hoy nos divide y nos enfrenta; escuchar pacientemente las demandas de ese porcentaje enorme de la población que no votó por él y que tiene los mismos derechos que sus simpatizantes. ¿O es que no desea ser el presidente de la reconciliación nacional?