Tomará el primer vuelo para llegar antes de las 09:00 a las oficinas de la Fiscalía de La Paz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ya tiene “los boletos comprados” para ese viaje, informó ayer su abogado, Jerjes Justiniano, quien lo acompañará junto a un reducido grupo de asistentes.

Ante este escenario, en el Ejecutivo se encendieron las alertas para evitar incidentes. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que reportes de inteligencia emitieron una advertencia sobre eventuales riesgos contra Luis Fernando Camacho. “Existiría un grupo de personas que quisiera atentar contra la integridad de Luis Fernando Camacho, sin embargo, estamos desplegando todos los operativos de inteligencia para evitar que esto suceda”, declaró la autoridad a la Red Uno.

Consultado sobre estos riesgos, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, también alertó que en El Alto “hay rabia” respecto a la llegada de Camacho. “Puede ser que se genere un sentimiento profundo, hasta tal vez una rabia de nuestros hermanos”, señaló Mamani y pidió evitar acciones violentas. “Queremos decir al pueblo alteño que no hagamos que las personas se victimicen por el hecho de que no se le vaya a dejar ingresar”, añadió.

Pero para el diputado Anyelo Céspedes (MAS) el gobernador puede generar “un autoatentado” una vez que esté en La Paz. “Ya no tiene el respaldo de las instituciones y ellos mismos van a querer hacer un autoatentado para seguir la línea de Jair Bolsonaro en Brasil. No olvidemos que Bolsonaro llegó a ser presidente por un autoatentado”, afirmó el legislador en referencia a la campaña electoral del mandatario brasileño.

Camacho fue llamado a declarar en calidad de “denunciado” por la comisión de fiscales que encabeza Omar Mejillones y que trabaja en la investigación de un caso vinculado con terrorismo, sedición y conspiración, argumentando que esos delitos pudieron haberse consumado con la renuncia de Evo Morales y por la manera en la que Jeanine Áñez llegó a ser presidenta transitoria, el 12 de noviembre de 2019.

Pero poco antes de esa dimisión, grupos afines al MAS se movilizaron en el aeropuerto Internacional de El Alto para impedir que Camacho, entonces líder del Comité Cívico de Santa Cruz, llegue a La Paz en el contexto de la crisis política que estalló con las fallidas elecciones de ese año.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca,dijo que la declaración del gobernador cruceño está vinculada con este caso y no así como las masacres de Senkata y Sacaba, cuando fallecieron 20 personas. “Tal vez, Camacho sea convocado a futuro por esas muertes, porque sus afirmaciones y acciones derivaron en esos actos de violencia”, afirmó.

En todo caso, sectores sociales afines al MAS indicaron que se pueden movilizar este jueves para exigir que Camacho responda ante la justicia por el “golpe de Estado”, además de esas muertes.

“Ya estamos calientes, van a disculpar, pero (esos) cabrones quieren dividir a Bolivia, no vamos a permitirlo, vamos a defender. Nuevamente reiterar. Camacho no tengas miedo y enfrenta a la justicia boliviana. Da la cara a Bolivia por las muertes de Senkata y Sacaba”, señaló Elber Rojas, el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en una rueda de prensa.

El líder campesino también protestó frente a los periodistas por el paro del 11 de octubre convocado por cívicos y líderes políticos de la oposición, además de otros sectores como los gremiales, que rechazan la “persecución política” y el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que es cuestionado por eventuales vulneraciones a la Constitución Política del Estado (CPE).

Rojas confirmó que su sector participará de otra gran movilización prevista para el 12 de octubre y se estrelló contra los opositores, incluido el gobernador de Santa Cruz. “Si quieren declarar guerra civil, que declaren, que digan de una vez, nosotros vamos defender, vamos a enfrentarlo, no con las armas que ellos han traído de otros países, con nuestras armas propias que tenemos: los chicotes, las monteras, las huaracas, vamos a defendernos como han defendido aquellos años Tupac Katari y Tomás Katari”, advirtió.

El lunes, otros sectores campesinos del altiplano norte de La Paz llegaron hasta la Plaza Murillo para pedir que Camacho sea juzgado por la crisis de 2019 que la Fiscalía investiga bajo el denominativo de “golpe de Estado”. Ante esas amenazas, la exdiputada Lidia Patty (MAS) pidió que el líder cruceño “se apersone sin problemas” a declarar ante los fiscales del caso.

Consultado sobre las alertas del Gobierno y las amenazas de otros sectores sociales, el abogado de Camacho Jerjes Justiniano recordó que el escenario en 2019 era similar y que en esta ocasión se asumió la decisión de viajar a La Paz para prestar su declaración.

“En noviembre de 2019, cuando Luis Fernando Camacho quería ir La Paz, habían amenazas contra su vida. Hubo gente que se aglomeró en la puerta del aeropuerto. Exactamente lo mismo que dicen ahora, pero finalmente llegó a la ciudad de La Paz. Tenemos que cumplir una orden fiscal más allá que la consideremos injusta e ilegal o que este proceso sea inventado. Hay que cumplir con la ley y por eso él estará allí”, señaló.

Desde la alianza opositora Creemos, la organización política que respalda al gobernador, las recomendaciones se mantuvieron como la pasada semana, pues no ven conveniente que Camacho se arriesgue.

“Los legisladores de Santa Cruz le decimos a nuestro gobernador que cuando las leyes son injustas lo correcto es desobedecerlas; por lo tanto, debemos privilegiar el principio del juez natural. El gobernador debe adscribirse a este principio que es constitucional y no arriesgar su vida, su integridad y su libertad en una circunstancia en la que en Bolivia no existen para nada garantías, derechos y, menos, principio de legalidad”, señaló la senadora Centa Rek.

Por este caso está detenida desde hace más de seis meses la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros. También están en prisión los exjefes del último alto mando militar de Morales, incluido el general Pastor Mendieta, cuya detención preventiva fue alargada por cinco meses más.