El Gobierno de Luis Arce se enfrenta, de un momento a otro, con al menos cinco protestas de carácter nacional contra medidas asumidas desde los poderes del Estado.

El paro cívico nacional, convocado para el lunes 11 de octubre, es la medida que más preocupa al Gobierno, porque agrupa a gremialistas, transportistas y se han sumado los cívicos a escala nacional, miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), plataformas ciudadanas, así como líderes de la oposición política, añadiendo motivos para salir a las calles cuestionando al Gobierno.

Tras los anuncios, ministros dicen que esta decisión generará pérdidas económicas, mientras hay actores que ven un afán de desestabilizar a la gestión de Luis Arce.

Una marcha de gremialistas y evangelistas daba la pauta del malestar cuando decía: “Cristo viene, Arce se va”.

Frente a ello, el Senado dio el primer paso para desmovilizar, cuando decidió posponer el tratamiento del proyecto de ley contra ganancias ilícitas.

En el Gobierno quieren evitar que se desarrolle el paro nacional bajo el argumento de que esta medida perjudicará a la reactivación económica. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, cuestionó la intención de los sectores de consolidar el paro nacional y dijo que la medida afectará la economía del país.

“Yo no entiendo qué les pasa en la cabeza a algunos señores en Bolivia, el hecho de que quieran declarar o hacer huelgas, paros, cuando lo único que van a hacer es afectar a la economía y al bolsillo del pueblo boliviano”, cuestionó  Huanca.

La misma postura asumió el ministro de Justicia, Iván Lima, quien habló con datos: la medida podría causar una pérdida económica de 112 millones de dólares.

“¿Qué cuesta al país un paro cívico? ¿Qué cuesta un día? 112 millones de dólares, nueve días, más de 1.000 millones de dólares, ese dinero afecta a los bolivianos que trabajan en el día a día. Todas las personas que llevan adelante un trabajo esforzado porque tienen que trabajar, se ven afectados por un día de paro “, avisó.

Desde el Legislativo

Desde el Legislativo, el primer paso es la suspensión del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, consideró que esta decisión se debe a las observaciones que lanzaron algunos sectores contra la iniciativa.

“Frente al clima de susceptibilidad que se ha generado, abrimos la posibilidad de diálogo, de conversación, de recibir y recoger todas las demandas, propuestas, dudas o cuestionamientos que tengan en torno a esta ley”, señaló Rodríguez en rueda de prensa.

Entretanto, en Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho, como también el alcade de la capital, Jhonny Fernández, confirmaron el cumplimiento del paro.

En opinión del analista Franz Flores, la intención del MAS es bajar los ánimos de los sectores que están en pie de protesta. El experto incluye el tema de los cocaleros de Yungas y dice que se toman medidas a raíz de que el MAS ya no tiene apoyo en las calles.

Mientras, el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), aplaudió la iniciativa del oficialismo de poner en suspenso el proyecto de ley y consideró que la intención del MAS es frenar medidas, algo que lo ve “normal”.