El paro cívico nacional, convocado para este lunes 11 de octubre por sectores opositores, deja preocupación en el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que salieron a rechazar la medida de presión y advirtieron con enfrentarlos y estar dispuestos al derramamiento de sangre.

El movimiento cívico organiza, en primera instancia, una movilización para el 10 de octubre con el mismo fin: exigir el cese de la persecución política mediante el uso del Órgano Judicial y la Fiscalía, leyes que busca aprobar el Legislativo, libertad de los presos políticos y otros pedidos.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, dijo, citado por ABI, que el Comité pro Santa Cruz y sus actores políticos serán culpables si se registra la quiebra de las empresas estatales.

Advirtió que la paralización de actividades provocará que las empresas dependientes del Ministerio de Obras Públicas pierdan más de seis millones de bolivianos. Sabsa dejará de percibir más de 553.000 bolivianos mientras que Aasana y BoA 223.000 y 4.872.000, respectivamente, y el transporte terrestre más de 362.000.

También acusó de provocar la paralización de actividades para que no se investigue el caso denominado golpe de Estado y que no se resarza por los daños a todas aquellas personas que acribillaron con arma de grueso calibre en El Alto (Senkata) y en Sacaba (Huayllani).

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Bolivia perderá alrededor de 150 millones de dólares por día mientras que solo Santa Cruz dejará de percibir en promedio 32 millones.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que las convocatorias buscan impunidad para quienes están involucrados en los hechos de violencia y masacres de 2019.

“Lo que ha ocurrido en estos últimos días en Santa Cruz y en Potosí es una muestra y una clara señal de que están buscando impunidad, que nos les preocupa los 38 muertos que ha tenido el país, ni siquiera les preocupa la grave corrupción que ha existido en el país”, cuestionó en entrevista con Bolivia TV.

Para el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, las movilizaciones anunciadas solo son para “destruir” el trabajo de reconstrucción de la economía del país que se viene impulsando desde el Ejecutivo tras las cuarentenas por el coronavirus dictadas en la pasada gestión.

Sostuvo que con las medidas se buscará desestabilizar al Gobierno y presionar para “tranzar” por las muertes suscitadas durante la crisis de 2019.

RESPUESTA

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, advirtió a opositores, según ERBOL, que, si quieren guerra civil, que la declaren, porque su sector la enfrentará.

“Nosotros vamos defender, vamos a enfrentarlo, no con las armas que ellos han traído de otros países, con nuestras armas propias que tenemos: los chicotes, las monteras, las huaracas, vamos a defendernos como han defendido aquellos años Tupac Katari, Tomás Katari”, dijo.

Aseguró que en la CSUTCB están “calientes” y acusó a los opositores, como Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y Carlos Mesa, de ser extranjeros que buscan dividir a Bolivia.

“La CSUTCB va a estar hasta las últimas, va a derramar sangre”, aseveró.

Para la jornada de paro de opositores, el dirigente aseguró que la CSUTCB defenderá la libre circulación. 

“Vamos a defender a nuestro país en las ciudades, en las capitales la libertad, la circulación de los peatones, la libertad de circulación de los comerciantes, de todo el pueblo bolivianos. No vamos a permitir ninguna piedra en el camino”, manifestó.

Apuntes

• La Central Obrera Boliviana (COB) rechaza la medida de presión y asegura que se pretende convulsionar y desestabilizar al país. Advierte que está en pie de lucha para defender la democracia y los derechos constitucionales.

• Municipios de La Paz aseguran que existen afanes separatistas para generar problemas y perjuicio.

• El transporte libre paceño asegura que la medida frenará la reactivación económica del país.

• El sector lechero advierte con pérdidas económicas.

• El empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, expresó su desacuerdo por la convocatoria al paro y afirmó que solo con propuestas para salir de la crisis económica se puede hacer frente al MAS.

• De las 13 demandas de los movilizados, dos se refieren al cese de la represión a miembros de Adepcoca y al tratamiento legislativo del proyecto de ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas y ya fueron atendidas.

• También está la renovación de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos, además del cambio de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

• A su vez, está la abrogación de las leyes de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio, de Ascensos Policiales y una concertación previa de los anteproyectos de ley de Derechos Reales y de Ascensos de Militares. 

• Finalmente, para garantizar el tratamiento legislativo, deberán restituirse los dos tercios y exigir a los cuatro poderes del Estado que atienda las demandas y exigencias de la marcha de los pueblos de la Amazonía, Oriente y Chaco boliviano.