Ante los preparativos para la marcha por la democracia y un paro nacional el 10 y 11 de octubre promovidos por el Conade y comités cívicos, el Gobierno empezó una campaña para desvirtuar el movimiento al denunciar que los movilizados buscan la impunidad, debilitar las empresas estatales y que se pretende desestabilizar la administración de Luis Arce. A esto se suman las advertencias de sectores sociales afines al MAS de confrontarse “hasta que corra sangre”.

“Éste es un movimiento cívico-ciudadano que saldrá en defensa de los intereses ciudadanos. Estamos en un periodo de coordinación y concientización, la gente tiene que definirse, ¿se van a quedar en sus casas y aguantar luego todo, una vez que la ley esté aprobada?”, cuestionó el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales. 

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Central Obrera Boliviana (COB) señalan que los cívicos y otros quieren declarar guerra civil y que enfrentarán con sus armas, o ante una intención de desestabilización, el ente laboral anunció que convocará al Pacto de Unidad y organizaciones sociales para defender al Gobierno y la democracia.

“Si quieren declarar guerra civil, que declaren, que digan de una vez. Nosotros vamos defender, vamos a enfrentarlo (...) La Csutcb va a estar hasta las últimas, va a derramar sangre”, señaló su ejecutivo Eber Rojas.

A su vez, Juan Carlos Huarachi (COB) dijo que a este sector no les interesa el país ni el pueblo, que requiere recuperarse de la crisis de 2019 y la pandemia.

Aseguró que se coordinó con el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales para convocar a una concentración en los nueve departamentos para defender la democracia y al Gobierno elegido constitucionalmente.

Culpan al MAS

El exsenador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Villca señaló que el Gobierno y su partido hacen una mala lectura de lo que está ocurriendo, al indicar que la derecha se está movilizando, que busca desestabilizar; cuando son ellos quienes promueven con sus leyes, restricciones, entre otros.

Agregó que como los ejecutivos de la COB y de la Csutcb obedecen a un partido político, son sus voceros, “repiten como disco rayado derecha, golpistas, sin analizar, no entienden a la población que reclama sus derechos”.

Impunidad y pérdida

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que este movimiento busca impunidad, “no les preocupa los 38 muertos y la corrupción” en el gobierno de Jeanine Áñez.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que esta medida ocasionará una pérdida millonaria a las empresas estatales.