En estos tiempos de divisionismo, exacerbación de la confrontación y ausencia de diálogo, no sorprende que una marcha indígena que ha recorrido el oriente del país durante 37 días esté siendo prácticamente ignorada por las autoridades nacionales.

No es la primera vez que se da una situación de confrontación frente a estas movilizaciones que emprenden indígenas del oriente,  como única forma de hacer escuchar sus demandas.

Es tan evidente el grado de indiferencia ante estos pueblos que tuvo y tiene el MAS y sus representantes, que hacerlo no parece representar mayor conflicto. Por otro lado, es tal el grado de división interna de las organizaciones de los indígenas del oriente y tal la pobreza y vulnerabilidad de los mismos, que una marcha -angustiosa, precaria y cansina- parece la única salida.

La XI Marcha Indígena ha transitado desde Trinidad hasta Santa Cruz -adonde llegó el pasado jueves 30 de septiembre- con cerca de medio millar de indígenas amazónicos, chiquitanos y chaqueños. El principal reclamo que los mueve es el “avasallamiento, sobreposición y creación de nuevos asentamientos ilegales en territorio indígena”. Un avasallamiento que es política de Estado para el actual Gobierno y lo ha sido para el partido oficialista durante más de 10 años. Así como son parte de esas políticas de Estado la ampliación de la frontera agrícola y la dotación de tierras fiscales y de territorios indígenas a colonizadores de los valles y de las tierras altas, en franca vulneración de la ley que prioriza a las poblaciones locales.

La invasión a tierras bajas, el abandono a esos pueblos, la sobreposición de fines netamente económicos y políticos a su bienestar es tan sistemática, que prácticamente se ha institucionalizado y ahora se puede practicar la indiferencia y la indolencia ante ellos sin mayor problema.

El expresidente Evo Morales tildó a la marcha de política y feudalista; mientras que el presidente Luis Arce recibió el pliego petitorio de los indígenas pero no ha dado muestras de interés por reunirse con ellos; por el contrario, ha enviado a sus viceministros que fueron repudiados por los marchistas.

Los argumentos son predecibles y acostumbrados: acusaciones de estar siendo tutelados, manipulados y usados por sus enemigos políticos en un afán de desestabilización del Gobierno.

“Queremos decirles a nuestros hermanos que estuvieron y que están todavía al otro lado de la vereda, estoy hablando de los hermanos que han estado en la marcha, decirles desde esta casa que no nos dejemos utilizar por esos falsos defensores de los indígenas, que ellos, que los grandes empresarios que nunca nos quisieron a los pueblos indígenas, nunca quisieron que prosperen, más bien quisieron exterminar a los pueblos indígenas, ahora se muestran como defensores, decimos nosotros lobos vestidos de ovejas tratando de cuidar a los que nunca quisieron”, expresó Luis Arce.

¿Quiénes son los lobos vestidos de oveja? Es una pregunta relevante en momentos en que como ciudadanos hemos visto que gran parte de los actores políticos han buscado redituar con el sacrificio y la orfandad de estos pueblos y de estos marchistas. El Gobierno, que se ufana de representar a los indígenas, nunca se ha condolido frente a estas movilizaciones que son críticas de sus decisiones y estrategias. Donde comienza el reclamo de los indígenas acaba el compromiso con su bienestar y la autonomía de sus territorios y sus habitantes.  ¿Los empresarios? Pues sí, también ellos los instrumentalizan e ignoran sus peticiones.

Visto así, esta marcha que coincide con el décimo aniversario de otra marcha que fue reprimida brutalmente en 2011, no tiene perspectivas de ser tomada en cuenta como tampoco su pliego petitorio. Así como en 2011 en Chaparina el Gobierno optó por la represión brutal, este año ha elegido la indolencia y la deslegitimación de sus protagonistas y sus causas. Una forma más de derrotar los reclamos de los indígenas de la Amazonia boliviana que, divididos, vapuleados, deberán callar ante el atropello y el avasallamiento apadrinado por el propio Estado.