"No es justo el fallo, porque realmente hay las contundentes pruebas. Ella (Chapetón) firma, transfiere un predio del Estado a manos privados y eso no se puede permitir, porque los bienes del Estado le pertenecen a todos los bolivianos, en este caso a los alteños. Debería dictarse mínimo la detención preventiva en la cárcel de Obrajes", dijo a los periodistas.

    La alcaldesa de El Alto no podrá realizar declaraciones a la prensa sobre ese caso y deberá presentarse para firmar el libro del Ministerio Público cada 15 días, además debe presentar dos garantes, quienes, ante la posible eventualidad de fuga, deberán pagar 15.000 bolivianos cada uno.

    Choque dijo que pedirá un informe al Ministerio Público para que explique las razones de porqué se dictó medidas sustitutivas para Chapetón.

    "Queremos que se imparta justicia en la ciudad (de El Alto), vamos a pedir al Ministerio Público que nos dé un informe", manifestó.

    Por su parte, el diputado de Unidad Nacional (UN), Rafael Quispe, dijo que ayer (jueves) retiró la denuncia contra Chapetón, de su mismo partido, para evitar que el proceso judicial sea utilizado políticamente por el MAS.

    "Yo he cumplido con mi deber de denunciar un hecho delictivo. El denunciante no es parte del proceso, por lo tanto, el Ministerio Público, el juez y el tribunal van a continuar el proceso. He retirado la denuncia porque no quería que se politice, que se dé un golpe institucional a la alcaldesa del El Alto", argumentó.
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