Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 05 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que
informes de Inteligencia dan cuenta que existen “algunos grupos que quisieran
atentar contra la vida” del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
quien llegará a La Paz el jueves para declarar en el caso golpe de Estado.
El secretario Departamental de Justicia de la Gobernación
cruceña, Efraín Suárez, cuestionó la declaración de Del Castillo y consideró
que “no puede ni debe convertirse en vocero de grupos irregulares ni andar
corriendo amenazas de forma pública”.
Camacho confirmó que el jueves estará en La Paz para
declarar ante la Fiscalía por el caso golpe de Estado, lo que desató una serie
de reacciones. El dirigente campesino Eber Rojas le demandó llegar a La Paz y decir
su verdad sobre lo ocurrido en la crisis de 2019, entretanto en un video un
grupo de encapachados le advirtió que habrá “sorpresas”.
Del Castillo aseguró que Camacho tendrá las garantías
necesarias, como cualquier acusado por un delito.
“Cualquier persona que es investigada por un delito, ya
sea un feminicida, un asesino o una persona que se organiza para reprime al
pueblo boliviano o una persona que se organiza para quitar la democracia de
nuestro país, tendrá las garantías correspondientes del Estado y de las fuerzas
de seguridad”, aseguró el ministro.
Añadió: “Hemos recibido informes preliminares de
Inteligencia que existirían algunos grupos que quisieran atentar contra la vida
de este sujeto, lo mismo sucede con los feminicidas, con los asesinos y lo
mismo sucede con sujetos que están investigados por la supuesta comisión de un
delito; existe gente molesta porque creo que de alguna manera va a obtener
justicia generando daño físico hacia la otra persona, esto no lo toleramos”.
Camacho es uno de los principales acusados en la demanda
presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty para que se establezcan
responsabilidades por los hechos de 2019 que derivaron en la dimisión del
expresidente Evo Morales. El ahora gobernador era en ese entonces dirigente
cívico y lideró la protesta cívica bajo la consigna de fraude electoral.