En la “cumbre” llevada a cabo ayer en el Comité Pro Santa Cruz se creó el denominado “Bloque de unidad por la libertad y la democracia”, que está conformado por todas las personalidades y los sectores que asistieron al encuentro. Entre los puntos que resolvieron están el cese de la persecución política, la confirmación de su participación en el paro convocado para el 11 de octubre, y  la liberación de la expresidenta Jeanine Añez.  

“Las organizaciones representadas en esta cumbre conforman el nuevo Bloque de unidad por la libertad y la democracia, frente a intento de arrebatarnos nuestros derechos, por lo que nos comprometemos ante el pueblo boliviano a realizar todas las acciones necesarias para impedir consolidar una dictadura o retorno de dictadores”, señala la resolución que emitieron  los asistentes, la cual fue leída por Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Al encuentro, que fue convocado por los cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), asistieron representantes de sectores sociales, indígenas, activistas  de plataformas y políticos. Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga,  y Carolina Ribera, hija de  Añez. 

Los participantes resolvieron exigir al Gobierno el cese de la persecución política por el denominado caso “golpe de Estado” al que tildaron de “falso”, además que demandaron  la “liberación inmediata” de la expresidenta  Añez y otros “presos políticos”.

También resolvieron exigir al Ejecutivo parar la persecución en busca de “defenestrar”  al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de  Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y a cualquier autoridad subnacional elegida mediante voto popular. 

De igual manera exigieron frenar la persecución a policías y militares, además de pedir que no se les dé  de baja, y solicitar la restitución de aquellos que fueron apartados. También pidieron cesar la persecución a los integrantes  de la Resistencia Juvenil Cochala. 

Mesa  manifestó que el presidente Luis Arce parece desconocer que la legitimidad de origen que da el voto no es una carta blanca,   y  agregó que Bolivia está en un momento en el que la batalla es por defender la democracia. 

“De este lado está el pueblo boliviano harto de un camino de autocracia, que no tiene límites y que ha roto toda barrera de respeto a la institucionalidad (…). Éste es un momento de la batalla de la sociedad democrática por defender la democracia. Está en juego la democracia y los valores que ésta representa”, aseguró.

Los asistentes a la “cumbre” también resolvieron promover acciones ciudadanas, “exigiendo la renovación de las altas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas, con participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos”.

Exigieron al  Gobierno la renovación inmediata de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, puesto que la actual defensora, Nadia Cruz, lleva más de dos años en el cargo de forma interina.

También resolvieron exigir a los cuatro poderes del Estado que atiendan las demandas de la marcha indígena, pedir  respeto a los productores de coca de los Yungas, y dar su respaldo a Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb.

Calvo indicó que se acordó  la  participación de todas las organizaciones representadas en el encuentro en   la marcha del 10 de octubre en La Paz, y el paro “cívico ciudadano” convocado para el 11 de octubre.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo  que el paro cívico  es político, carece de argumentos válidos y busca la impunidad para quienes participaron en el golpe de Estado de 2019. “Es un paro que está buscando más intereses políticos de un sector de la población que quiere una impunidad”, manifestó, según el reporte de   ABI.