Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 05 de octubre de 2021
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El gobernador de
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, viajará el jueves para asistir a la
declaración que ofrecerá como acusado en el caso de terrorismo, sedición y
conspiración, que el fiscal general Juan Lanchipa definió como golpe de Estado
en 2019. El MAS saluda su decisión, pero deja lo que viene en manos de la
justicia.
A primera hora de
este lunes, personeros de la Fiscalía acudieron al domicilio de Camacho para
entregar la notificación. La noche del pasado viernes no entregaron la citación
debido a la hora.
Poco después, la
autoridad cruceña ratificó su posición: “Voy a estar el jueves a las 9:00 en la
Fiscalía”. Afirmó que no entrará en el juego del Gobierno sobre si lo
notificaron o no para declarar.
“Vamos a dar la
cara. El pueblo boliviano merece que se cuente la verdadera historia. Creo que
guardar silencio es ofender a una lucha de todo un pueblo y nuestra lucha es la
verdadera historia”. Aseguró que no viajará para contar su verdad, sino la de
los cruceños y bolivianos” que se manifestaron en los días previos a la
renuncia y salida del país de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, después
de que los expertos de la OEA informaran sobre el fraude electoral.
Camacho es acusado
por los tres delitos, principalmente porque en declaraciones que él mismo
ofreció, indicó que su padre habló con militares que apoyaron la movilización.
Para la Fiscalía, ese es el principal indicio de que él fue uno de los cabecillas
de presunto golpe.
“Yo soy orgulloso
de haber formado parte de esa lucha y voy a estar presente. Lo que pasa es que
esas personas están siguiendo la línea de su jefe que los obliga decir que hubo
golpe, porque no sabe cómo justificar su cobarde huida”.
Mientras en su
cuenta de Twitter arengó a sus seguidores, recordando lo que ocurrió hace
exactamente dos años: “‘De aquí se prende la llama’, dijimos el 4 de octubre a
los pies del Cristo Redentor y con más de un millón y medio de personas. La
llama se prendió y no se apagará porque este pueblo sabe de lucha y valentía,
este pueblo no se cansará de defender su libertad y su democracia, ¡Siempre
libres seamos!”.
Más tarde
complementó que “de lo que pasó en octubre de 2019, Evo y yo somos
responsables: él por hacerle un fraude a la patria y yo por defenderla”, posteó
en Twitter.
Para la
vicepresidenta del Senado, Lindaura Rasguido (MAS), Camacho asumió una buena
decisión. “Es bueno que asista donde las autoridades lo citaron para declarar
sobre el golpe de Estado que ocurrió en 2019”, aseguró.
Sin embargo, en
concordancia a lo señalado por el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó
que se debe garantizar el debido proceso, y que no es el Gobierno, sino la
justicia la que debe proceder”.
En noviembre de
2019, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, fue
convocada para asumir la jefatura de Estado ante el vacío de poder provocado
por la renuncia de Evo Morales y de todos los miembros de la cadena de
sucesión. Añez está encarcelada acusada de ‘golpe de estado’.
La senadora
Rasguido dijo: “Los involucrados deben ser indagados, pero con el respeto a sus
derechos. Si Camacho tiene más o menos culpa que Áñez es algo que debe definir
la justicia”.
El abogado del
gobernador, Jerjes Justiniano, admitió que la aprehensión es una probabilidad
procesal por parte de la Fiscalía. “Espero que el Gobierno esté midiendo las
consecuencias sociales y políticas de una aprehensión al gobernador de Santa
Cruz, electo con más del 55% de los votos”.
El abogado Jorge
Santistevan alertó que el gobernador es sometido a un proceso político y no
judicial, por lo tanto, es un error que viaje a La Paz. “El Gobierno tiene una
estrategia para movilizar a su gente a la Fiscalía, no dejarlo salir. Lo
aprehenderán, lo obligarán a pactar. Eso debilitará su liderazgo porque, a la
larga, será visto como otro Rubén Costas”.



