Medio: Opinión
Fecha de la publicación: lunes 04 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El ministro de
Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó en las últimas horas
que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que la legalidad o
no de la “sucesión” de Jeanine Añez será definitiva para definir el llamado
caso Golpe de Estado, presuntamente ocurrido en noviembre de 2019.
"Lo que tiene
que importarnos a los bolivianos es la palabra del TCP, de comprobarse una
sucesión inconstitucional se habrían cometido delitos de golpe de Estado y
resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, también incumplimiento de
deberes, además de otros delitos como las masacres de Sacaba y Senkata y hechos
de corrupción", manifestó la autoridad en una entrevista con la
radioemisora Kawsachun Coca.
Lima explicó
que Añez "nunca" pudo acreditar su condición de “presidenta” y que un
“comunicado” del TCP que se usó para justificar una
presunta "autoproclamación" no tenía carácter vinculante, ni
protocolar. Por tanto, se incurrió en una ruptura del orden
constitucional, lo que significa que hubo un supuesto "golpe de
Estado".
El artículo 10 del
Código Procesal Constitucional determina que el Tribunal Constitucional
Plurinacional difunde sus decisiones a través de: Sentencias Constitucionales,
Declaraciones Constitucionales y Autos Constitucionales.
Según informó el Ministerio de Justicia, Áñez en su declaración ante el
Ministerio Público admitió haber “instrumentalizado” la CPE y el reglamento de
la Cámara de Senadores.
En se sentido, el
ministro Lima afirmó que si bien el código penal boliviano no contempla el
concepto de "golpe de Estado" como término jurídico, se cometieron
una serie de delitos que vulneraron el mandato de la Carta Magna
específicamente del artículo 169 que establece que el período de mandato del
presidente y vicepresidente del Estado es de cinco años.
Por otro lado, el
funcionario remarcó que durante el presunto golpe de Estado, no existía una
posibilidad de debate democrático por lo que no se develaron muchas de las
violaciones cometidas en contra de la CPE de parte dell supuesto "gobierno
de facto de Áñez".