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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: martes 05 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Casi por costumbre, pasa con todo régimen que asume el
gobierno de la nación: hay en las nuevas autoridades inquietudes por introducir
cambios en la administración de justicia y, consciente de esas realidades
decide reestructurar, reorganizar y consolidar en la práctica el hecho de que
el Poder Judicial es libre, soberano e independiente de los otros poderes del
Estado. El Poder Judicial tiene la misión de administrar los amplios márgenes
de la Justicia, que es la virtud moral de dar a cada persona los derechos que
le corresponde, mediante la administración y aplicación de las leyes. La
Justicia es la aplicación imparcial de obrar con la verdad, con toda razón,
correcta administración, entendimiento y aplicación de las Leyes de Dios que
son básicas o fundamentales para la redacción y acatamiento de las leyes de una
nación o de todos los pueblos.
El propósito de una reestructuración del Poder Judicial
sería conseguir una renovación del aparato administrativo y jurídico de todo el
sistema judicial del país; es decir, lograr cambios o una renovación de jueces
y personal; pero, en todo intento para renovar, nunca se logró los cambios
esperados por mucho tiempo y, en casos, repetición de medidas con remedios que
resultaron reiteración de los mismos yerros del pasado. En el sentir del pueblo
–muy especialmente de los litigantes que recurren a los estrados judiciales —
ha primado la frase: “La Justicia boliviana es la peor injusticia”, forma
equivocada de juzgarla o calificarla. Y es que, en todo caso, no es culpable de
la mala administración, de la presencia de personal encargado de su atención y
manejo que incurrió en prevaricatos, engaños, mentiras, falsificaciones,
retardación, inmoralidades y otros delitos que deberían estar alejados de un
Poder tan importante, cuyo funcionamiento debe ser ejemplo hasta para conductas
de miembros de los otros poderes del Estado.
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El funcionamiento y buena administración de Justicia
depende, en todo caso, de la calidad moral de los funcionarios, empezando por
los jueces, fiscales y los abogados que deben ser profesionales dignos de
confianza, porque del ordenamiento jurídico deriva el inalienable derecho del
hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta del derecho,
protegido contra todo ataque arbitrario. En otros términos, la aplicación de la
fuerza y pureza del Derecho en lugar del imperio del derecho de la fuerza, ya
que en muchos regímenes o gobiernos prima el criterio de que la Justicia está
al servicio del gobierno de turno, cuando la verdad es que el gobierno tiene
que supeditar su razón de existir a la fuerza del Derecho, o sea la vigencia de
la Constitución Política y las leyes. Solo con tribunales probos, honestos,
dignos y ajustados a valores y principios, la Justicia puede funcionar
debidamente administrada, juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la
dignidad humana, especialmente si se funda en la verdad, honestidad y
responsabilidad. Es muy importante que, para una renovación efectiva,
transparente e imparcial, el Poder Judicial renazca, funcione sin intervención
de los otros poderes del Estado, ya que, en caso contrario, no actuaría con la
credibilidad, la fe y la confianza pública, sino que, directamente o no,
estaría sujeto a compromisos, presiones del gobierno, de partidos políticos o
de intereses creados.
Si verdaderamente hay interés en reorganizar el Poder
Judicial, sus integrantes deben ser elegidos entre los mejores profesionales
del Derecho que tenga el país. Y los Colegios de Abogados, miembros prominentes
de los credos religiosos, de las universidades, ex presidentes de la Corte
Suprema de Justicia y, por supuesto, de otras instituciones respetables, deben
ser los que elijan, examinen y designen a jueces, fiscales y profesionales de
los juzgados y sus dependencias. Que se lo haga teniendo en cuenta que el
Estado es todo el país, su territorio, sus instituciones, su población y todo
lo que implica ser Estado como pueblo, nación, país, república o comunidad
nacional, entendiéndose, además, que el Estado es indefinido, permanente. En
cambio, el gobierno es momentáneo, circunstancial y es elegido solo por cuatro
o cinco años para administrar y servir al Estado que es eterno.