El Comité pro Santa Cruz, a través de un comunicado difundido este lunes, se declaró en movilización en defensa del gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, que fue citado a declarar, en calidad de investigado, por el caso Golpe de Estado.

La organización de los cívicos cruceños considera esta convocatoria a su máxima autoridad política departamental, por haber liderado las protestas que provocaron la renuncia de Evo Morales en 2019, es una “nueva afrenta a Santa Cruz por parte del centralismo”.

Sin embargo, “le hacemos recuerdo al Gobierno que en octubre de 2019 lo que existió fue una movilización pacífica ciudadana en contra de un fraude electoral ratificado por los veedores y la comunidad internacional. Esta movilización pacífica fue liderada por el Comité pro Santa Cruz (que entonces era presidida por Camacho), pero las decisiones fueron tomadas por miles de ciudadanos que se reunieron en las rotondas y en los cabildos”, subrayaron los cívicos en su documento.

Asimismo, recordaron que luego Camacho ganó las elecciones subnacionales en Santa Cruz con el 55% de apoyo ciudadano y por eso ahora es el “gobernador legítimo y elegido con el voto”.

Por tanto, “cualquier acción injusta contra él es en realidad una afrenta a todos los cruceños y a la democracia en nuestro país. En ese sentido, manifestamos nuestro rechazo a esta nueva arremetida del centralismo y nos declaramos en movilización para impedir este nuevo abuso del Gobierno. Responsabilizamos al Gobierno de los perjuicios a la paz social que puede generar esta decisión abusiva y antidemocrática”, concluyeron los cívicos.

Entretanto, Camacho confirmó en pasadas horas que asistirá el jueves a la convocatoria de la Fiscalía en La Paz para prestar su declaración informativa.

El caso Golpe de Estado empezó a investigarse a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial e incluso una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición y ahora está encarcelada de manera preventiva, precisamente, por ese caso.