Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 03 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Se trata, según el
fiscal Juan Lanchipa, del “último grupo” de personas que debe declarar por el caso denominado “golpe de
Estado”. El gobernador
de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es el único de esa lista que está en el
ejercicio de la función pública.
Desde Sucre, la
máxima autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa, aseguró que la citación
responde a una actividad “planificada” por una comisión de fiscales de La Paz y
que trabaja en la investigación de un caso vinculado con terrorismo, sedición y
conspiración, delitos que pudieron haberse consumado con la renuncia de Evo Morales y por la manera en
la que Jeanine Áñez llegó
a ser presidenta transitoria, en noviembre de 2019. El fiscal no mencionó el
fraude electoral detectado por la OEA en los comicios de octubre de ese año,
atribuido a Morales y a sus colaboradores que provocó la crisis política. La
Fiscalía cerró del denominado caso fraude y sin ningún acusado.
Tras dejar el
cargo, en noviembre de 2020, Áñez postuló, sin éxito, a la gobernación de Beni. Fue detenida el 13 marzo, una semana
después de las elecciones regionales en el marco de las pesquisas que motivaron
la citación al gobernador Camacho.
“No creo que el
MAS esté pensando en detener a Luis Fernando Camacho, porque saben que se le
viene la noche encima si detienen al gobernador de Santa Cruz. No hay que
olvidar que ganó la elección con más del 55% y no vamos a permitir un golpe de
Estado a la
gobernación ni a la voluntad de los cruceños”, señaló el diputado Erwin Bazán,
jefe de bancada de la alianza Creemos.
El viernes, el Movimiento Cívico Nacional emitió una resolución en la que,
entre otros puntos, “convoca a la cumbre nacional por la unidad y defensa de la
libertad y la democracia, en contra de la dictadura masista, a realizarse el 4
de octubre en Santa Cruz. Asimismo, se convoca a una gran marcha para el
domingo 10 y un paro cívico para el lunes 11 en “repudio a la persecución a los líderes cívicos, ciudadanos,
policías, militares, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales y por todos los que
defendieron la vida y la democracia (en 2019)”.
Camacho figura
en la citación como “denunciado” y se trata de un caso promovido por la exdiputada
Lidia Patty (MAS)
que despertó en la Gobernación el recuerdo de la crisis de 2019, pero desde la
perspectiva de la “lucha por la democracia” que es opuesta a la postura del
“golpe de Estado” que enarbola el oficialismo, en el marco de su gestión
política.
Efraín Suárez,
secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que la citación para que Camacho
viaje a La Paz es
“una señal del uso político de la justicia”. Consideró así que se trata de “una
venganza por la resistencia ciudadana que se realizó durante los 21 días”, tras
las elecciones fallidas de octubre de 2019.
Desde la estrategia jurídica, el abogado del gobernador, Jerjes Justiniano,
señaló que por “respeto” a su investidura la declaración debería ser tomada en
Santa Cruz y no en La Paz como dice el citatorio que, en un primer momento, se filtró a través de las redes sociales.
Justiniano hizo
notar que el actuado que reclama la presencia de Camacho en la sede de Gobierno
se tramitó 10 meses después de haberse iniciado la demanda de Patty, es decir, incluso antes de que Camacho
sea elegido por la voluntad popular.
Para Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, este es un caso “inventado” que llevará a
la “destrucción de la institucionalidad democrática del país”, porque tiene que ver con una
estrategia para imponer una falsedad respecto a lo que sucedió en 2019.
El 10 de
noviembre de 2019, Morales renunció a su mandato en medio de protestas sociales
contra los resultados electorales de ese año. El expresidente se había
repostulado a pesar del límite legal establecido en el artículo 169 de la Constitución Política del
Estado y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de
hacer un ajuste en ese apartado legal. Hace dos años, Evo saltó a la lid
electoral avalado por una sentencia constitucional que le reconoció un supuesto
“derecho a la reelección indefinida” que luego fue negado por un fallo
inapelable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Formalidades
Lanchipa
confirmó la citación contra Camacho el viernes por la mañana, pero los
funcionarios de la Fiscalía cruceña no llegaron a tiempo, pues se presentaron
en la casa del gobernador fuera del horario legal, después de las 19:00, explicó el secretario Suárez.
Precisó que Camacho se
pronunciará cuando la notificación sea oficial.
La autoridad
departamental anticipó, a través de sus redes sociales, que esta acción legal
no logrará amedrentarlo. “Seguiré
trabajando por mi pueblo, con el amor de siempre”, apostilló.
Jerjes
Justiniano explicó que esa notificación “puede hacerse efectiva, incluso, hasta el 5 de octubre”, 48
antes de la hora señalada.
El documento,
suscrito por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, señala que Camacho
debe presentarse a las 9:00 del próximo 7 de octubre en la sede del Ministerio
Público de La Paz. Asimismo,
el escrito advierte que ante el “incumplimiento” de esta convocatoria “se expedirá una
orden de aprehensión” contra la autoridad departamental cruceña.
Por su lado, el
abogado Marcelo Valdez, el profesional que representa a Lidia Patty en este
proceso, señaló que la
citación se debe cumplir en La Paz, según la orden emitida por el Ministerio Público.
“Consideramos que el señor
Camacho debería ser aprehendido, porque es con probabilidad autor de esos delitos”, señaló.
El jurista
adelantó que el gobernador deberá explicar “como ingresó en el Palacio Quemado
y qué autoridad permitió su ingreso” el 12 de noviembre de 2019, cuando Áñez
llegó al poder. También
adelantó que “debe indicar por qué motivo uso prendas policiales” durante esos días.
“No es hacer
venganza”, señaló Valdez, quien reveló que se quiere establecer cómo “se rompió la cadena de
mando”.
En la línea de
esas pesquisas, el teniente de la Policía Franklin Mamani se presentó el 29 de
septiembre a declarar en la Fiscalía de la zona sur de La Paz. Dijo a los
periodistas que en la crisis de 2019 se ordenó el resguardo a los dirigentes
cívicos, entre ellos Luis
Fernando Camacho, quien entonces era presidente del Comité pro Santa Cruz. “Hay planes de operaciones donde
recibí la instrucción de dar el resguardo a los cívicos”, remarcó el oficial.
El jefe del MAS
en el Senado, Adolfo Flores, aseguró que no existe persecución política “ni
venganza” en este caso. “Pregunto a los investigados: ¿Había garantías hace un año con
Jeanine Áñez? Ahora
está el estado de derecho, está la prensa que puede hablar del golpe. Si los
periodistas hablaban de golpe eran detenidos”, apuntó el legislador.
Cuatro días
antes de que Lanchipa anuncie la citación, Patty apareció en la plaza Murillo
con dos huevos de gallina en sus manos. Le reclamó agallas a Lanchipa para cite
a Camacho. “Que se
ponga los huevos, que no esté mirando desde el palco, nosotros somos el pueblo, nosotros
somos el Estado”, señaló la exlegisladora.
En ese
escenario, Lanchipa dijo: “Tenemos los delitos de sedición, terrorismo y otros
con los cuales
serán convocados el padre del gobernador (cruceño), el señor Tuto Quiroga, Samuel
Doria Medina y otros colaboradores”.
José Luis
Camacho, padre del gobernador fue retenido en el aeropuerto de Viru Viru el 25
de septiembre, cuando recibió la citación para que se presente en La Paz. La defensa solicitó que la declaración
se haga en Santa Cruz por razones de salud.
“Evo: no soy
cobarde ni escapo como tú. Enfrenté tu justicia 14 años, la seguiré
enfrentando. Bolivia
será libre y nunca otra Venezuela”, escribió Quiroga en su cuenta en la red social Twitter.
Doria Medina
afirmó que asistirá a la Fiscalía, como lo hizo en “otras tantas
oportunidades”. También
recordó que, luego de la renuncia de Evo Morales, recibió una llamada del Héctor Arce,
el entonces ministro de Justicia, y de Adriana Salvatierra, quien dirigía el
Senado el 10 de noviembre de 2019 y estaba en la línea de sucesión del mando de
la presidencia.
“Si el MAS
estaba convocando a reuniones cómo se puede decir que fueron reuniones para planificar y hacer un
golpe”, afirmó y
consideró que el “Camacho puede ganar políticamente hablando con esta
citación”, porque está reforzando su respaldo local.
El presidente
Luis Arce señaló la pasada semana en Nueva York que se produjeron reuniones
entre políticos y diplomáticos para “definir” quien iba a ser presidente, tras
la salida del poder de Evo Morales. De ese modo, señaló al embajador de la Unión Europea
(UE), León de la Torre,
y al representante de Brasil como parte de esa supuesta conspiración.
La convocatoria
de Camacho se produce, además, en medio de una tensión regional derivada de los
incidentes del 24 de septiembre y ante el creciente rechazo de diferentes
sectores del país al proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas, por considerar que varios de
sus artículos con inconstitucionales.
Se trata, según el fiscal Juan Lanchipa, del “último grupo”
de personas que debe declarar por el caso denominado “golpe de Estado”.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es el único de esa lista
que está en el ejercicio de la función pública.
Desde Sucre, la máxima autoridad del Ministerio Público,
Juan Lanchipa, aseguró que la citación responde a una actividad “planificada”
por una comisión de fiscales de La Paz y que trabaja en la investigación de un
caso vinculado con terrorismo, sedición y conspiración, delitos que pudieron
haberse consumado con la renuncia de Evo Morales y por la manera en la
que Jeanine Áñez llegó a ser presidenta transitoria, en noviembre de
2019. El fiscal no mencionó el fraude electoral detectado por la OEA en los
comicios de octubre de ese año, atribuido a Morales y a sus colaboradores que
provocó la crisis política. La Fiscalía cerró del denominado caso fraude y sin
ningún acusado.
Tras dejar el cargo, en noviembre de 2020, Áñez
postuló, sin éxito, a la gobernación de Beni. Fue detenida el 13 marzo, una
semana después de las elecciones regionales en el marco de las pesquisas que
motivaron la citación al gobernador Camacho.
“No creo que el MAS esté pensando en detener a Luis Fernando
Camacho, porque saben que se le viene la noche encima si detienen al gobernador
de Santa Cruz. No hay que olvidar que ganó la elección con más del 55% y
no vamos a permitir un golpe de Estado a la gobernación ni a
la voluntad de los cruceños”, señaló el diputado Erwin Bazán, jefe de bancada
de la alianza Creemos.
El viernes, el Movimiento Cívico Nacional emitió una
resolución en la que, entre otros puntos, “convoca a la cumbre nacional por la
unidad y defensa de la libertad y la democracia, en contra de la dictadura
masista, a realizarse el 4 de octubre en Santa Cruz. Asimismo, se convoca a una
gran marcha para el domingo 10 y un paro cívico para el lunes 11 en “repudio a
la persecución a los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares,
autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales y por todos
los que defendieron la vida y la democracia (en 2019)”.
Camacho figura en la citación como “denunciado” y se trata
de un caso promovido por la exdiputada Lidia Patty (MAS) que despertó
en la Gobernación el recuerdo de la crisis de 2019, pero desde la perspectiva
de la “lucha por la democracia” que es opuesta a la postura del “golpe de
Estado” que enarbola el oficialismo, en el marco de su gestión política.
Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación de
Santa Cruz, señaló que la citación para que Camacho viaje a La
Paz es “una señal del uso político de la justicia”. Consideró así que
se trata de “una venganza por la resistencia ciudadana que se realizó durante
los 21 días”, tras las elecciones fallidas de octubre de 2019.
Desde la estrategia jurídica, el abogado del gobernador,
Jerjes Justiniano, señaló que por “respeto” a su investidura la declaración
debería ser tomada en Santa Cruz y no en La Paz como dice el citatorio
que, en un primer momento, se filtró a través de las redes sociales.
Justiniano hizo notar que el actuado que reclama la
presencia de Camacho en la sede de Gobierno se tramitó 10 meses después
de haberse iniciado la demanda de Patty, es decir, incluso antes de
que Camacho sea elegido por la voluntad popular.
Para Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, este es
un caso “inventado” que llevará a la “destrucción de la
institucionalidad democrática del país”, porque tiene que ver con una
estrategia para imponer una falsedad respecto a lo que sucedió en 2019.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a su mandato en
medio de protestas sociales contra los resultados electorales de ese año. El
expresidente se había repostulado a pesar del límite legal establecido en el
artículo 169 de la Constitución Política del Estado y los resultados
del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de
hacer un ajuste en ese apartado legal. Hace dos años, Evo saltó a la lid
electoral avalado por una sentencia constitucional que le reconoció un supuesto
“derecho a la reelección indefinida” que luego fue negado por un fallo
inapelable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Formalidades
Lanchipa confirmó la citación contra Camacho el viernes por
la mañana, pero los funcionarios de la Fiscalía cruceña no llegaron a tiempo,
pues se presentaron en la casa del gobernador fuera del horario legal, después
de las 19:00, explicó el secretario Suárez. Precisó que Camacho se
pronunciará cuando la notificación sea oficial.
La autoridad departamental anticipó, a través de sus redes
sociales, que esta acción legal no logrará amedrentarlo. “Seguiré trabajando
por mi pueblo, con el amor de siempre”, apostilló.
Jerjes Justiniano explicó que esa notificación
“puede hacerse efectiva, incluso, hasta el 5 de octubre”, 48 antes de la
hora señalada.
El documento, suscrito por los fiscales Omar Mejillones y
Lupe Zabala, señala que Camacho debe presentarse a las 9:00 del próximo 7 de
octubre en la sede del Ministerio Público de La Paz. Asimismo, el
escrito advierte que ante el “incumplimiento” de esta convocatoria “se
expedirá una orden de aprehensión” contra la autoridad departamental cruceña.
Por su lado, el abogado Marcelo Valdez, el profesional que
representa a Lidia Patty en este proceso, señaló que la citación se
debe cumplir en La Paz, según la orden emitida por el Ministerio
Público.
“Consideramos que el señor Camacho debería ser
aprehendido, porque es con probabilidad autor de esos delitos”, señaló.
El jurista adelantó que el gobernador deberá explicar “como
ingresó en el Palacio Quemado y qué autoridad permitió su ingreso” el 12 de noviembre
de 2019, cuando Áñez llegó al poder. También adelantó que “debe indicar
por qué motivo uso prendas policiales” durante esos días.
“No es hacer venganza”, señaló Valdez, quien reveló que
se quiere establecer cómo “se rompió la cadena de mando”.
En la línea de esas pesquisas, el teniente de la Policía
Franklin Mamani se presentó el 29 de septiembre a declarar en la Fiscalía de la
zona sur de La Paz. Dijo a los periodistas que en la crisis de 2019 se ordenó
el resguardo a los dirigentes cívicos, entre ellos Luis Fernando
Camacho, quien entonces era presidente del Comité pro Santa Cruz. “Hay
planes de operaciones donde recibí la instrucción de dar el resguardo a los
cívicos”, remarcó el oficial.
El jefe del MAS en el Senado, Adolfo Flores, aseguró que no
existe persecución política “ni venganza” en este caso. “Pregunto a los
investigados: ¿Había garantías hace un año con Jeanine Áñez? Ahora
está el estado de derecho, está la prensa que puede hablar del golpe. Si los
periodistas hablaban de golpe eran detenidos”, apuntó el legislador.
Cuatro días antes de que Lanchipa anuncie la citación, Patty
apareció en la plaza Murillo con dos huevos de gallina en sus manos. Le reclamó
agallas a Lanchipa para cite a Camacho. “Que se ponga los huevos, que no
esté mirando desde el palco, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el
Estado”, señaló la exlegisladora.
En ese escenario, Lanchipa dijo: “Tenemos los delitos de
sedición, terrorismo y otros con los cuales serán convocados el padre
del gobernador (cruceño), el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y
otros colaboradores”.
José Luis Camacho, padre del gobernador fue retenido en el
aeropuerto de Viru Viru el 25 de septiembre, cuando recibió la citación
para que se presente en La Paz. La defensa solicitó que la declaración se
haga en Santa Cruz por razones de salud.
“Evo: no soy cobarde ni escapo como tú. Enfrenté tu justicia
14 años, la seguiré enfrentando. Bolivia será libre y nunca otra
Venezuela”, escribió Quiroga en su cuenta en la red social Twitter.
Doria Medina afirmó que asistirá a la Fiscalía, como lo hizo
en “otras tantas oportunidades”. También recordó que, luego de la
renuncia de Evo Morales, recibió una llamada del Héctor Arce, el entonces
ministro de Justicia, y de Adriana Salvatierra, quien dirigía el Senado el 10
de noviembre de 2019 y estaba en la línea de sucesión del mando de la
presidencia.
“Si el MAS estaba convocando a reuniones cómo se puede decir
que fueron reuniones para planificar y hacer un golpe”, afirmó y
consideró que el “Camacho puede ganar políticamente hablando con esta
citación”, porque está reforzando su respaldo local.
El presidente Luis Arce señaló la pasada semana en Nueva
York que se produjeron reuniones entre políticos y diplomáticos para “definir”
quien iba a ser presidente, tras la salida del poder de Evo Morales. De ese
modo, señaló al embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre,
y al representante de Brasil como parte de esa supuesta conspiración.
La convocatoria de Camacho se produce, además, en medio de
una tensión regional derivada de los incidentes del 24 de septiembre y ante el
creciente rechazo de diferentes sectores del país al proyecto de ley contra
legitimación de ganancias ilícitas, por considerar que varios de sus
artículos con inconstitucionales.