Creen que hay mucha normativa, pero poco avance en la práctica. A pesar de que los pueblos indígenas y campesinos han sido contemplados en muchas leyes, se sienten abandonados, sobre todo en materia de recursos económicos y proyectos; en el caso de la jurisdicción indígena, sienten que no termina de despegar.

Uno de los pueblos que se declaró más excluido es el de las tierras bajas que pertenece al Tipnis, pero dentro del departamento cochabambino, como parte de los municipios Villa Tunari, Puerto Villarroel y Chimoré.

Renato Zenteno, uno de habitantes de la zona, explicó que el trópico de Cochabamba siempre ha sido territorio ancestral de los pueblos indígenas, inicialmente de los yuracaré y mojeños trinitarios, y después los yuquis, “por eso es que todos los nombres como Bulo Bulo, Eterazama, Ivirgazama, etc., son en lengua yuracaré”.

Zenteno dijo que lastimosamente en todo lo que concierne al trópico de Cochabamba, los pueblos indígenas mojeños trinitarios, yuquis, yuracaré, incluso siendo originarios, son excluidos de los POA.

“No nos quieren tomar en cuenta y eso es discriminación de los derechos constitucionalizados. Cada año hemos mandado solicitud para ser incluidos en el presupuesto municipal, nos falta todo. No tenemos nada”, lamentó.

Arsenio Malele, cacique mojeño trinitario de la Asociación Comunitaria Integral Multiétnica para la Agroforestería y Protección de la Fauna Silvestre (Agropofasi), explicó que tienen territorio titulado, y que nunca fueron incluidos en el POA de Puerto Villarroel.

“Tenemos planes de manejo que van conectados a la protección medioambiental en el trópico, pero eso a las políticas partidistas no les sirve. Para los hermanos de allá, que no son indígenas de las zonas bajas, eso no sirve y encima, permanentemente sufrimos avasallamientos”, reconoció.

Apuntó a los sindicatos cocaleros, como los que mandan en la zona. “Allá no mandan el alcalde ni el Concejo, no toman decisiones. La mayor molestia, dijo, es que casi todos los accesos vecinales y de servicios deben ser resueltos por ellos mismos”.

Benigno Noza es dirigente del Tipnis, pero del departamento de Beni. Vive en Nueva Galilea, y en el caso de su comunidad, tienen una parte del POA del municipio de Moxos, que es mínimo, de Bs 150.000 para 64 comunidades del territorio que llega en proyectos y nada de efectivo. “Cuando toca que nos movilicemos, debemos acuotarnos”, indicó.

Según Noza, la posta de salud fue hecha por ellos. “Hubo una del municipio, pero quedó a medias”; en cuanto a caminos, es uno de los temas más complejos, ya que se mueven más por río, y el proyecto del Tipnis no pasa cerca de la mayoría de las comunidades, apuntó.

Cada salida del Tipnis, solo en el transporte por el río, representa un costo de unos Bs 1.000.

La solución que dan a un presupuesto bajo es ceder a la comunidad más necesitada y esperar el turno, porque no hay proyectos de Bs 10.000”, observó. Para él y algunos comunarios, la mayor molestia es que a la falta de obras se suman ‘proyectos fantasma’.

“En mi comunidad, por ejemplo, en la gestión 2013 dijeron que hubo 24 viviendas entregadas, pero ninguna fue construida en la comunidad. También hubo un colegio de segundo nivel, supuestamente entregado en la gestión 2013, fantasma también”, denunció.

Asimismo, lamentó que en el lado de los colonos, el Polígono 7, sí tengan sistema de salud, micro-hospitales, colegio, “siempre han sido más atendidos en ese lado por parte del Gobierno”, aludió Noza.

Plantean propuestas

Celso Padilla es parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní y habitante de La Riviera, una de las 11 comunidades de la TCO Takovo Mora, que aglutina a casi 7.000 personas.

Padilla dijo que en los últimos años las poblaciones indígenas han sido desatendidas de forma generalizada y que varios municipios están en bancarrota por mala administración y desvío de recursos.

“Por eso hemos sugerido auditar los recursos que llegan a las alcaldías y es una propuesta que queremos hacer al Gobierno, pero además estamos replanteando el pacto fiscal porque los recursos son insuficientes”, indicó.

Para él, hay lugares, como el Chaco, de donde se extraen recursos, es el caso de los hidrocarburos, y sin embargo el desarrollo no llega a los pueblos. Ejemplificó la gravedad con la situación de Cabezas, municipio al que pertenece Takovo Mora, que está endeudado, y con un alcalde que “lleva 14 años y no resuelve el problema”.

Criticó que el POA de Cabezas sea apenas de Bs 4 millones, con los que deben cubrirse, además de los pueblos indígenas, a otras 55 OTB.

“Hace siete años que no tenemos proyectos. Hemos sobrevivido por las empresas petroleras, el resto ha sido por regalías, servidumbre, y cuando había compensación. Del municipio solo hay migajas, por eso la Capitanía optó por no presentar proyectos, es una vergüenza que den Bs 3.000 o 10.000, y con mucha suerte Bs 50.000”, adujo.

El guaraní lamentó que, luego de la represión en Takovo Mora, además de no hacerse justicia, se saquen recursos que se centralizan.

“Deberíamos ser un municipio maravilla con 84 pozos produciendo gas”, aludió. Según él, también se espantó a las ONG que llegaban con los proyectos que el Estado no era capaz de ofrecer.

Padilla dice que la deuda de la instancia pública no es solo de proyectos y recursos económicos, sino también de tierra.

Lamentó que solo lograran 7.000 de las 272.000 hectáreas solicitadas. “Hemos sido los menos beneficiados en 25 años”, cuestionó, además agregando que en su zona hay muchos terratenientes extranjeros que usan ‘palos blancos’.

“Estamos llevando una demanda de auditoría técnica a los ex funcionarios del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), a los actuales, además de viceministerios y Ministerio de Desarrollo Rural, ha corrido bastante dinero en el caso de los menonas. Han desacreditado a esa institución, más aún porque apenas hubo un director institucionalizado, los demás -incluyendo al de ahora- han sido interinos. Ese interinato es útil para tenerlos sometidos a intereses políticos”, aseveró.

Sobre los recursos de la Gobernación, explicó que con la lógica del 50-40-10, que da el 10% a los pueblos indígenas, los más beneficiados son los mayoritarios, los chiquitanos y guaraníes, pero que son insuficientes los recursos.

Autonomías indígenas

Cuestionó la forma de llevar las autonomías indígenas, ya que no funcionan como se constitucionalizó. “Deberíamos ser como un Estado pequeño, con economía y justicia propias, pero la justicia ordinaria sigue absorbiendo nuestra jurisdicción indígena”, dijo.

Del Fondo Indígena, igual que en una serie de medidas, Padilla cree que les hicieron trampa, ya que después se convirtió en Fondioc, extendiéndose a los campesinos, interculturales, bartolinas, Csutcb, etc., pero además sus recursos van a gobernaciones, universidades, bonos. “El Fondo Indígena fue una lucha que empezó el pueblo guaraní y nuestra lucha quedó en nada porque quebró por corrupción y malversación, en esto participaron (Nemesia ) Achacollo y Luis Arce, cuando estaban de ministros, y tres ministerios más”, arremetió.

Francisco Romero es vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía. Es parte de la población campesina, no indígena.

Explicó que tuvieron un poco más de proyectos grandes hasta 2014, en salud, unidades educativas y sistemas de cañerías.

Siente que la discriminación se acentuó con la resistencia a proyectos exploratorios. “Hacemos reclamos permanentes para que nos incluyan en el POA, pero siempre nos dicen que no hay plata, que tienen deudas”, dijo sobre el municipio tarijeño de Padcaya, al que pertenece.

Afirmó que si bien el alcalde de esa época no era oficialista, sí estaba de acuerdo con la exploración, y terminó siendo parte de las autoridades que dividían a los indígenas y campesinos. “Mientras nosotros marchábamos contra la exploración, ellos fueron a nuestro territorio a prometer cosas para que los otros se pongan en nuestra contra”, informó.

No creen en la exploración hidrocarburífera. Romero explicó que cuando les socializaron este proyecto, armaron una comisión de diez personas que visitó poblaciones donde ya se realizaba este tipo de trabajo.

“La comisión regresó y dijo que el impacto ambiental era muy grande, que las promesas eran mentira y que no había el desarrollo, ya que las tuberías pasan por comunidades donde siguen cocinando a leña, ya no tienen agua, la están comprando, y las casas que les dieron son peores que las que nosotros tenemos. Ellos se llevan la plata y a nosotros nos dejan el desastre”, afirmó.

Para Romero, es paradójico que no les den proyectos, con el argumento de que es complicado realizarlos por la ficha ambiental, ya que son reserva. “Pero la exploración petrolera era en nuestra reserva, en el área núcleo de protección, donde se supone que no pueden desarrollarse ese tipo de trabajos, y sin embargo, hay licencia ambiental”, sostuvo.

Según Romero, en su comunidad prefieren seguir viviendo de producir la mejor miel del departamento y del país, “ecológica, libre de contaminación, eso es lo que queremos resguardar. No queremos que ocurra lo de siempre, donde entra YPFB, que perdamos la certificación de nuestra miel orgánica”, defendió.

Una mirada desde afuera

Hernán Ávila es sociólogo, actual miembro de Unitas, hace una lectura de toda esta problemática que involucra a indígenas y también a campesinos.

Sugirió mantener la jurisdicción indígena separada de los temas municipales, ya que se supone que es una práctica que desarrollan los pueblos sin intermediación del Estado. Dijo que hay tres jurisdicciones, la ordinaria, la agroambiental y la indígena y que está última depende de las formas de organizarse. “Usar recursos de los POA para administrar la justicia indígena distorsionaría su espíritu inicial”, aclaró.

De acuerdo a Ávila, desde que las comunidades tienen territorio, también tienen beneficios en el ámbito de los recursos naturales, y se supone que bajo esta figura deberían tener resuelto el asunto económico. Lamentó que en los últimos tiempos no sea así porque se politizaron o porque esperan que se les pague todo.

“Las ONG han hecho un poco de daño en este sentido, y también la Iglesia. Ellos tienen que aprender a resolver sus asuntos orgánicos de forma natural. Si tenemos que pagarles para que se movilicen y hagan una asamblea, entonces de quién es el interés, de quien paga o de ellos”, opinó.

Explicó que ese fue el principio del debilitamiento de las organizaciones y dijo que para evitar todo eso está la autonomía indígena y la construcción de los gobiernos propios, que les permite recibir los recursos de forma directa del Estado, fortaleciendo su independencia.

El sociólogo, sin embargo, reconoció que este proceso no avanza mi avanzará porque no conviene a muchos sectores que el movimiento indígena se fortalezca en su independencia y su autonomía. “Es mejor tenerlos dependiendo de un partido político que ahora está detrás de todo lo que sucede con el movimiento indígena”, afirmó. Según él, cuando se construye un Gobierno, este debe recibir recursos, del mismo modo que reciben los municipios, provenientes de coparticipación tributaria, pero que eso solo ocurre cuando se constituye una autonomía indígena.

En el caso de denuncias de exclusión de los POA, dijo que eso tiene que ver con otros procedimientos de planificación municipal y que cada municipio tiene sus formas de organización. Reconoció que cuando se trata de minorías existe riesgo de que sean excluidas y que entonces lo que deben plantear las comunidades es la creación de un distrito municipal indígena, como manda la Ley Marco de Autonomías, pero que eso demanda ciertos procedimientos.

Acerca de la inclusión en proyectos, pero sin entrega de efectivo, Ávila aclaró que esa entrega debe partir de una planificación y de proyectos. “No es entregar plata nomás”, insistió. Eso sí, coincidió con que los recursos para esas poblaciones son escasos.