Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 04 de octubre de 2021
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El mes de octubre comenzó con un panorama de conflictos. Las decisiones de la justicia y de la Fiscalía que podrían interrumpir la continuidad en los mandatos constitucionales del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, colocan la tensión política al máximo nivel. A eso se suman los cocaleros de Yungas, los marchistas indígenas que llegaron el jueves a Santa Cruz y las protestas que se están gestando por la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el llamado del MAS a defender la gestión de Luis Arce.
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El mes de octubre comenzó con un panorama de
conflictos. Las decisiones de la justicia y de la Fiscalía que podrían
interrumpir la continuidad en los mandatos constitucionales del alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho, colocan la tensión política al máximo nivel. A eso se suman los
cocaleros de Yungas, los marchistas indígenas que llegaron el jueves a Santa
Cruz y las protestas que se están gestando por la ley contra la legitimación de
ganancias ilícitas y el llamado del MAS a defender la gestión de Luis Arce.
De hecho, la Gobernación cruceña y la agrupación
política Creemos calificaron como un “golpe” la sola citación a
Camacho, fijada para el jueves 7, a las 9:00, en La Paz. El gobernador y su
padre, José Luis, son acusados por terrorismo, sedición y conspiración, que el
fiscal general Juan Lanchipa describe como “golpe de Estado”, ocurrido entre
octubre y noviembre de 2019.
El gobernador de Santa Cruz lideró la movilización de los 21
días, en su condición de presidente cívico, tras las elecciones fallidas del 20
de octubre de 2019. El 10 de noviembre de ese año, Evo Morales renunció a la
Presidencia y escapó a México después de que la OEA denunciara el
fraude electoral.
La Fiscalía sostiene que los Camacho, padre e hijo,
armaron el supuesto golpe de Estado en coordinación con las FFAA y la
Policía.
El gobernador manifestó: “No lograrán amedrentarnos. Seguiré
trabajando por mi pueblo con el amor de siempre”, y acompañó su post en las
redes, con el hashtag #Fuefraudenogolpe. El secretario de
seguridad ciudadana de la Gobernación, Efraín Suárez, hizo un llamado a la
población. “No se puede permitir que pisoteen todos los votos de los cruceños,
porque eligieron como gobernador a Luis Fernando Camacho Vaca” e insistió que
buscan destituirlo de su cargo. Camacho ganó la Gobernación cruceña con el
55,4% de los votos.
El abogado del gobernador, Jerjes Justiniano,
adelantó que hará gestiones para que la declaración se realice en
Santa Cruz.
La semana pasada, la exdiputada Lidia Patty (MAS), acusadora
en el proceso, llegó a la plaza Murillo con dos huevos en las
manos y declaró que se los iba a regalar al fiscal general, Juan
Lanchipa.
Tensión en Cochabamba
El caso de la sentencia condenatoria por conducta antieconómica
en contra del alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, que está en la
justicia desde 2008 cuando ejercía como prefecto del departamento de
Cochabamba, también se conocerá este jueves 7.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de
Justicia de Chuquisaca dispuso hace dos semanas la otorgación de la medida
cautelar solicitada por el alcalde, con lo que suspendió la ejecución del
mandamiento de condena emitido por el Tribunal de Sentencia Penal N°1
de Cochabamba, hasta la emisión de la resolución de la Acción Tutelar
admitida por esa sala”.
La bancada del MAS en el Concejo Municipal de Cochabamba
insistió en que el alcalde debe ser destituido. El gobierno, a través del
ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que esa decisión depende de un
concejo en el que la agrupación Súmate tiene mayoría. Reyes Villa ganó
la elección para la Alcaldía de Cochabamba en marzo de este año con el 55,63%
de los votos.
El expresidente Carlos Mesa dijo que la convocatoria de la
Fiscalía a Camacho como la sentencia Reyes Villa, son una canallada. Ratificó
que se trata de un proceso “inventado” que llevará a la “destrucción de
la institucionalidad democrática”, tratando de imponer una falsedad
sobre lo sucedido en 2019.
Por su lado, el presidente Luis Arce aprovecha cada
intervención pública, como sucedió en la ONU, para insistir en que
Bolivia vivió el 2019 un golpe de Estado. De hecho, en la semana dijo
que Jeanine Áñez saldrá de la cárcel cuando pague por ello.
En marcha
Otros tres conflictos están en marcha en el país, y podrían
complicarse. El primero tiene que ver con la pugna de tres bandos por
el control de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.
Ese conflicto se agravó el 21 de septiembre, cuando el
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció al dirigente Arnold
Alanes como presidente de Adepcoca, lo que generó la reacción de otras dos
facciones, una también oficialista y otra opositora. Tras una tregua, el
lunes Alanes convocó a una asamblea, y la facción opositora a otra.
La llegada de la marcha indígena a Santa Cruz inició otro
proceso que puede tensionar más al país. Quienes caminaron desde
Trinidad hasta Santa Cruz plantean una agenda nacional de 16 puntos.
El Gobierno ha mostrado poca disposición al diálogo. Eso,
unido a los procesos en contra del gobernador y del presidente del Comité
Cívico, Rómulo Calvo, luego de que el 24 de septiembre se retiró la
Wiphala del acto de la efeméride departamental, aumenta el riesgo de
enfrentamiento derivado de la polarización.
Hechos
CITACIÓN
La citación insta a que Camacho se presente el jueves 7, a las 9:00,
acompañado de su abogado defensor y portando su cédula de identidad, ante la
Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz.
AUDIENCIA
El 7 de octubre es la audiencia a la que debe asistir el alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y en la que se definirá su condena. Será
virtual.
CONVOCADO
José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, fue citado para que
declare este martes 5 en La Paz.
EN LA MIRA
La Fiscalía adelantó que citará expresidente Tuto Quiroga y a Samuel Doria
Medina, de UN.
