Algunas reacciones iniciales ha merecido la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano que 10 juristas hicimos pública el pasado 22 de septiembre.

Una de ellas, desde Santa Cruz y con la firma de los abogados William Herrera, Francisco Borestein y Carlos Hugo Molina, considera que la reforma judicial vía referendo constitucional “si bien es necesaria, la dificultad que impone un referendo debido a que se requieren las firmas del 20% del padrón electoral, la autorización del Tribunal Supremo Electoral, el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, una ley que emane de la Asamblea Legislativa, y por último contar con un presupuesto de alrededor de 310 millones de bolivianos determina que por el momento sea necesario postergar la realización de dicha reforma”.

En su lugar, estos colegas plantean una reforma “inmediata”, de “bajo costo económico” y de “resultados positivos prontos” en torno a cuatro ejes. Dos de ellos vinculados a un “adecuado proceso de selección de las autoridades judiciales”, y a “un sistema de designación donde la meritocracia sea el presupuesto básico”, aunque a renglón seguido reconocen que “entre tanto se mantenga vigente la actual Constitución, debe continuar la forma de selección y designación para integrantes de los tribunales supremos y departamentales”. Los otros dos ejes, son “incremento del presupuesto del órgano judicial (…) hasta un 3% (del Presupuesto general del Estado, PGE)”, y la implementación de “un sistema de control social” a cargo de “los estudiantes de las facultades de derecho como ejecutores y depositarios de ese control social”.

Destaco las coincidencias con nuestra visión sobre el proceso de selección y designación de las autoridades judiciales, pero las dificultades para concretar un referendo ciudadano no parecen argumento suficiente para “continuar la forma de elección y selección” actual que, en nuestro criterio, es el núcleo de cualquier reforma, porque el cáncer de la justicia está en la subordinación política de los jueces supremos a partir de su postulación partidaria que destruye absolutamente su idoneidad e independencia, lo que se reproduce en el conjunto del cuerpo judicial.

Posiblemente los colegas estén pensando en una ley que establezca el 3% del PGE para el presupuesto judicial, pero si no está inscrito ese porcentaje en la Constitución, cada año la “ley financial” redefinirá su monto. Y el control social como práctica universitaria de los estudiantes de derecho requiere una mayor y mejor explicación y desarrollo.

Lo importante y destacable es la iniciativa de este grupo de abogados y el inicio del debate. Fue eso lo que dijimos el pasado 22 de septiembre: que nuestra propuesta es apenas el punto inicial de una gran movilización ciudadana que empieza con el debate, con el intercambio de criterios, con la difusión y socialización de todas las propuestas. Esa movilización ciudadana no solo permitirá perfeccionar y concertar las propuestas, sino vencer el temor y empoderar a la sociedad en lugar de empequeñecernos ante las dificultades.

En nuestra “convocatoria” decimos que ya no es posible esperar nada del Estado ni del Gobierno, y ello supone asumir las dificultades del ejercicio real de “la democracia directa” incorporada en el Art. 11 de la Constitución.

Estamos conscientes del tamaño del desafío, se trata de generar una gran cruzada nacional por la justicia, para que ya no dependa de mayorías y minorías parlamentarias y menos de ministros inestables que cambian sus propuestas en solo meses.

Pero como también dijimos, nuestras propuestas no vienen desde la oposición y no están dirigidas contra el Gobierno. Pensamos que la gran mayoría del país no está alineada en los extremos de una polarización suicida que no atina a encarar los verdaderos desafíos nacionales luego de la tragedia de 2019-2020. Esa gran mayoría está esperando acciones e iniciativas estatales, no solo gubernamentales, para enfrentar la crisis económica y reactivar la economía, la crisis sanitaria para contener la pandemia, y la crisis terminal de la justicia. Sin duda, los errores y las omisiones principales son gubernamentales, pero la continuada sequía de propuestas alternativas en la oposición política, solo agrava un escenario hoy tomado por la intolerancia de quienes prefieren vociferar en torno al “golpe” o a la “suplantación” de la bandera, como si esos fueran los ejes de la expectativa ciudadana.