Después de dos semanas de enfrentamientos casi cotidianos entre cocaleros y yungueños y policías, un lío —sobredimensionado por el oficialismo— resultante de una bandera andina arriada en el acto central de la efeméride cruceña, y la resistencia cada vez mayor y más amplia a la sanción del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, además de otros sucesos ingratos, iniciamos un periodo que podría hacer de este mes otro octubre similar a los de 2003 o 2019.

Hace 18 años, en octubre de 2003, tuvieron lugar los hechos más violentos de la denominada guerra del gas, iniciada el 15 de septiembre cuando campesinos de la zona del lago Titicaca bloquearon carreteras protestando en contra de la exportación de gas natural por Chile.

Manifestaciones de descontento se produjeron en otros lugares, todos del occidente; las ciudades de La Paz y El Alto fueron militarizadas por el Gobierno y pronto las protestas se convirtieron en enfrentamientos entre campesinos y alteños contra policías y militares.

La revuelta se extendió. El Gobierno desistió de su pretensión de exportar gas por Chile, pero la situación ya había salido de control y el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que renunciar, el 17 de octubre y huir a hasta Santa Cruz, de donde se embarcó hacia EEUU.

Hace dos años, Bolivia estaba en la recta final rumbo a las elecciones del 20 de octubre, en un ambiente de incertidumbre marcado por la total falta de confianza ciudadana en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), debido a las renuncias de varios de sus vocales, presentadas meses antes.

El despido —o renuncias provocadas— de decenas de técnicos, muchos de ellos informáticos, del OEP y del Sereci y la actitud condescendiente de los vocales respecto de las faltas electorales perpetradas por el candidato-presidente Morales aumentaron la desconfianza.

El resto de la historia de las tres semanas de convulsión iniciadas la noche de las fallidas elecciones está aún fresca en la memoria de todos.

Y ahora, más allá de la campaña oficialista por imponer el embuste de “golpe de Estado”, y además del problema de Adepcoca, en el que el Gobierno apoyó la toma de su mercado de coca por una dirigencia cuestionada, y el desdén oficialista a la marcha indígena que protesta esencialmente por el avasallamiento de sus tierras en los llanos, crece el rechazo ciudadano al proyecto de ley mencionado.

Un rechazo que podría organizarse en la reunión que sostendrán hoy en Santa Cruz líderes cívicos, opositores y representantes de la sociedad civil. Un paro cívico está anunciado para el lunes 11. Y una movilización masista para el martes 12.

Es un momento que pone a prueba la capacidad, y la voluntad, del Gobierno para abrirse al diálogo y gobernar para todos y por el bien común.