Los representantes cívicos del país determinaron movilizarse en contra del conjunto de leyes que atentan contra la seguridad jurídica, entre ellas el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, a partir del 10 de octubre.

Tras una reunión de emergencia en Potosí, lanzaron una “gran convocatoria” para el 4 de octubre en Santa Cruz. Luego, se tiene prevista la marcha nacional el 10 de octubre y un paro el 11. 

En el documento del encuentro realizado en Potosí el viernes, piden la preservación del Cerro Rico de Potosí, la industrialización del litio, la defensa de la reserva natural de Tariquía, la lucha contra los que avasallamientos en el oriente, la defensa de la Chiquitanía y la hoja de coca de los Yungas de La Paz.

Las leyes cuestionadas son la de legitimación de ganancias ilícitas, el traspaso de Derechos Reales al Ministerio de Justicia, la ley anticorrupción, el nuevo Registro de Comercio, de Emergencia Sanitaria y las que tocan a la FFAA y la Policía.

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Juan Carlos Manuel, dijo: “Estas leyes son lapidarias, es dejar a un país y a las futuras generaciones al sometimiento”, declaró a Erbol. 

La convocatoria a la movilización es a los sectores “que corren peligro frente a la inseguridad jurídica que deriva del conjunto de leyes”, explicó el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda. 

El dirigente del Conade, Manuel Morales, confirmó que llamaron a un encuentro nacional “en defensa de la democracia” y respaldarán la convocatoria de los cívicos.

En tanto, el dirigente de las plataformas ciudadanas, Guillermo Paz, adelantó que el 10 de octubre habrá manifestaciones en varias ciudades. 

“Estamos de acuerdo con las movilizaciones y nos organizaremos para estar presentes”, dijo a El Deber. 

En tanto, el MAS convocó a una “gran manifestación” el 12 de octubre en defensa de la wiphala y señaló que los cívicos se rearticulan. 

El vocero presidencial Jorge Richter dijo que los cívicos buscan la desestabilización del Gobierno de Luis Arce e impunidad de la ruptura constitucional de 2019 y de las masacres, según Kawsachun Coca. 

Proyecto de ley 

Al menos 10 sectores rechazan el proyecto de ley de ganancias ilícitas. Observan los artículos 11 y 17. 

El 11 es relativo a la exención del secreto de confidencialidad que podría afectar a los periodistas. 

En tanto, el artículo 17 del “sujeto obligado” dispone que los profesionales de diversas áreas informen sobre sospechas sin necesidad de requerimiento fiscal. 

El diputado Jorge Komadina, de CC, explicó que la ley que se proyecta no busca luchar contra los flagelos como el narcotráfico, sino que esconde mecanismos de control del ciudadano. 

“La Unidad de Investigaciones Financieras es el brazo operativo, se va a investigar a simple denuncia y exigir respaldos”, observó el diputado. 

MINISTRO DE JUSTICIA NIEGA PERSECUCIÓN 

El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas se enmarca en acuerdos internacionales que tiene el país. 

Lima asegura que hasta ahora se ha atacado a los eslabones más débiles del narcotráfico, como los pisa coca, cuando hay que atacar a las cabezas de las organizaciones criminales del narcotráfico y otros delitos.

La ley “no es para perseguir a los ciudadanos de a pie; esta ley es para combatir el crimen organizado”, afirmó. 

Instó a presentar observaciones concretas de inconstitucionalidad y denunció que se dicen “mentiras” de la ley.