Un informe público de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que puso en duda el conteo de votos a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) la noche del 20 de noviembre de 2019, fue el detonante para que los partidos de oposición y el Comité Pro Santa Cruz cimienten la narrativa de fraude electoral con apoyo de los medios de comunicación para consolidar el golpe de Estado.

Parte del primer informe de la OEA, del 23 de octubre de 2019, señala que: “Esa noche (20 de octubre) los resultados preliminares no fueron actualizados, a pesar de que el sistema tenía capacidad para continuar con el procesamiento de las actas. A las 22.30, luego de más de dos horas sin que se registrara ningún avance, la OEA exhortó públicamente al tribunal a que explicara por qué se había interrumpido el proceso, y pidió que el cómputo se realizara de manera fluida”.

El 21 de octubre, en conferencia de prensa en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció la consolidación del fraude y convocó a defender el voto y la democracia.

“Como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor (Evo) Morales, estoy llamando a la movilización de Comunidad Ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del Conade (Comité de Defensa de la Democracia) para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral, con la fuerza de la gente para exigir que no se trate de repetir un nuevo 21F de 2016”, manifestó Mesa.

MISIÓN DE LA OEA

Los observadores de la OEA, el 21 de octubre de 2019, emitieron un comunicado de prensa en el que señala “su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares (del TREP) conocidos tras el cierre de las urnas”.

El TSE había terminado el conteo rápido al 83,85% de las actas verificadas. Este recuento mostró que el MAS había recibido hasta entonces el 45,71% de los votos y CC el 37,84%, existiendo una diferencia de 7,87%.

Dos días después (el 23 de octubre), la misión de la OEA emitió su informe preliminar sobre las elecciones, en el que reiteró que “los cambios en la tendencia TREP eran difíciles de explicar y no coincidían con las otras medidas disponibles”, sabiendo que ese sistema de cómputo no era vinculante ni oficial.

SOLVENCIA

En ese contexto, no está claro cómo las objeciones de la misión de la OEA al conteo rápido afectarían al conteo oficial, y no desvirtúa o desmiente que los resultados del 83,85% del conteo de votos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a Evo Morales del MAS, con una victoria de más de 10 puntos sobre el candidato de Comunidad Ciudadana.

Además, ni la misión de la OEA ni ningún otro partido hasta ahora han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en la elección del 20 de octubre de 2019, porque ni el conteo rápido ni el conteo oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales. El recuento legalmente vinculante, del Tribunal Supremo Electoral, no se detuvo en ningún momento. El conteo oficial nunca se interrumpió y se actualizó regularmente, y cualquier irregularidad para perjudicar el resultado final habría tenido que afectar al conteo oficial, y no sólo al conteo rápido del TREP.

En esa línea, la misión de la OEA no presenta ninguna evidencia de las irregularidades que podrían haber alterado el conteo de votos.

SEGUNDA VUELTA

El jueves 24 de octubre, la Organización de Estados Americanos recomendó que se lleve a cabo una segunda vuelta. El presidente Evo Morales denunció que ese organismo “está con el golpe de Estado que impulsa la oposición”.

El viernes 25 de octubre Morales se declaró ganador y desafió a la oposición y a la comunidad internacional a contar “voto por voto” si tenían dudas sobre el resultado. Estados Unidos, Colombia y Argentina se sumaron formalmente al pedido de que se realice una segunda vuelta.

El sábado 26 de octubre, Brasil anunció que no reconocía la reelección de Morales y apoyó una auditoría del proceso electoral. Recrudecieron las protestas y los enfrentamientos en las calles.

GOLPE DE ESTADO

El 8 de noviembre de 2019, el Comando Departamental de la Policía Cochabamba se amotinó exigiendo la jubilación con el 100% de su aporte y en rechazo al presunto fraude electoral. Esa decisión se replicó escalonadamente en los nueve departamentos. El 10 de noviembre, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas (FFAA), en conferencia de prensa, le sugirió a Evo Morales que renuncie a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, consolidando la ruptura del orden constitucional y el golpe de Estado.

ANULA ELECCIONES

El 10 de noviembre de 2019, la OEA informó que se halló “irregularidades muy graves” en las elecciones y exigió repetir los comicios. El equipo de auditores de la Organización de Estados Americanos presentó su informe sobre la primera vuelta del 20 de octubre y descubrió “manipulaciones al sistema informático (TREP)”, por lo que afirmó que no puede validar el proceso.

“En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente”, declaró el secretario general de la OEA Luis Almagro, a través de un comunicado oficial.

RENUNCIA

El presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera, la tarde del 10 de noviembre de 2019, presentaron su renuncia oficial. Señalaron que asumieron la decisión para evitar una masacre al pueblo boliviano.

JEANINE AÑEZ SE PROCLAMA COMO PRESIDENTA DEL SENADO Y DEL PAÍS

Una reunión convocada por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), entre el 8 y 12 de noviembre de 2019, definió que la senadora por los Demócratas Jeanine Añez se proclame como presidenta de la Cámara Alta y del país.

Representantes del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Jorge Tuto Quiroga; Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); representantes de la Unión Europea (UE) y de España definieron la ruptura constitucional y la instalación del régimen de facto con Añez.

El 12 de noviembre de 2019, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, convocó a sesión para la conformación de la nueva directiva por la renuncia obligada de sus titulares del Movimiento Al Socialismo (MAS). Al no existir quórum, no se instaló la misma, pero sorpresivamente se autoproclamó como presidenta de la Cámara Alta.

Minutos más tarde, en una sesión de Asamblea Legislativa sin quórum en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, se proclamó como presidenta de los bolivianos. Después se dirigió hasta Palacio Quemado, donde un militar le impuso la banda presidencial.

JUICIO

El 27 de abril de 2021, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, interpuso un juicio contra la exsenadora Jeanine Añez por siete delitos penales cometidos entre el 8 y el 12 de noviembre de 2019.

Los ilícitos que enfrenta son: sedición, sustentada en los artículos 123 y 27 de la Constitución Política del Estado. Después de autoproclamarse como presidenta del Senado, en una sesión sin quórum, instruyó al Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) cumpla con su labor en coordinación con la Policía Boliviana “para acabar con estos delincuentes (movilizaciones sociales) que están ahora en la calle”. Sin facultad constitucional en su condición de senadora ordenó a las FFAA y a la Policía salir a las calles a resguardar el orden.

Conspiración; junto a sus aliados de oposición, jerarcas de la Iglesia Católica, representantes de la UE y de la Embajada de Brasil decidieron el procedimiento ilegal para consolidar a Añez como presidenta.

Atribuirse derechos del pueblo; a nombre del pueblo se autoproclamó como Presidenta del Estado.

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes del Estado; la exsenadora conociendo la normativa vigente desobedeció el procedimiento y viabilizó la sucesión inconstitucional.

Prolongación de funciones; se anticipó y usurpó funciones sin cumplir los requisitos para presidir la Asamblea Legislativa.

Asociación delictuosa; de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Política del Estado.