Las dos últimas semanas el país asiste a un proceso de creciente confrontación que con relativa facilidad puede derivar en un estado de violencia fratricida muy difícil de controlar, con todos los costos humanos, sociales, culturales, económicos que ello implica, y del que nadie sale indemne.

Espanta ver cómo los dignatarios que tienen la obligación de garantizar la pacífica convivencia se convierten en incitadores de la confrontación, aprovechando toda oportunidad para generar situaciones de violencia. Y lo hacen pese a los reiterados mensajes enviados por la sociedad para que la actual gestión pueda conducir un proceso de conciliación y reencuentro que garantice el sistema democrático y se impulse un proceso de desarrollo equitativo.

Desde el oficialismo, ya no se trata, por lo demás, de conducir un proceso de reforma que beneficie a los más excluidos. Toda la acción estatal está dirigida a lograr que el ex presidente fugado pueda volver a gozar de las mieles del poder y se reproduzca grotescamente un sistema de gobierno similar a los instaurados en Venezuela y Nicaragua. No se trata de una apreciación histérica. Ahí está la campaña para cambiar la historia del país tratando de convertir la renuncia y fuga de Evo Morales en un golpe de Estado. Para ello no sólo violan derechos humanos y el estado de derecho, sino también se aíslan del mundo al involucrar a la Iglesia católica, gobiernos y organizaciones multilaterales en esos presuntos afanes golpistas.

A eso se suma ahora, por un lado, el estatuto del MAS cuyo principio 15 norma el: “Respeto al liderazgo nato: la militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional”. Por el otro, que el pleno del TCP, de acuerdo a la información registrada por Los Tiempos, “determinó ratificar el rechazo a una demanda de nulidad que presentaron juristas en contra la sentencia 084/2017, la cual avala la reelección indefinida como un derecho humano en Bolivia”.

Simultáneamente avanzan en la promulgación de leyes que permiten al Órgano Ejecutivo intervenir cada vez más en la vida social, dejando al ciudadano indefenso frente al poder, y en la organización de fuerzas represivas, civiles, policiales y militares, y el uso del Órgano Judicial y el Ministerio Público para evitar todo intento de movilización que no sea organizada por el régimen, como se puede observar en la actitud de gobierno frente a la marcha indígena, el conflicto con los productores de coca de los Yungas de La Paz, las provocaciones comandadas por el ministro de Gobierno en Santa Cruz, el acoso a los asambleístas de la oposición.

Todo ello conforma un escenario de pesimismo, temor, desconfianza e incertidumbre que afecta la vida social, cultural y económica del país y cuyas consecuencias se podrán observar a mediano plazo en toda su intensidad.

Creo que, como en otras situaciones similares que el país vivió en el pasado, podremos superar este estado de anomia y desaliento. Pero, los costos de este experimento que pudo ser el del cambio profundo y democrático serán muy grandes, comenzando por la frustración de la ciudadanía que en gran parte lo apoyó y que siguió paso a paso cómo se fue transformando en un aparato al servicio del caudillo, sus acólitos y un sector social ascendente que utilizando un discurso indigenista y presuntamente progresista logró cooptar el poder hegemónico en el país.

De una u otra manera, se pudo observar similar actuación de grupos semejantes en el gobierno de García Meza, frustrado por la resistencia interna y el aislamiento internacional. Pero, estos grupos se mantuvieron latentes y se fueron remozando hasta el ascenso al poder del MAS, partido que infiltraron desplazando a sus dirigentes históricos como, por ejemplo, Filemón Escóbar o Ramón Loayza, porque para ellos no se trata de transformar el Estado, sino de apoderarse de él.

La esperanza es que la gente, como demostró en octubre de 2019, ponga un límite al manejo discrecional del poder y ratifique, como lo ha hecho desde 1982, su opción por el sistema democrático, lo que significa que toda propuesta de transformación sea hecha bajo su paraguas.