La XI Marcha Indígena presentó una agenda de 16 puntos sobre demandas referentes a tierra y territorio, asignación de escaños, abrogación de normas, educación, salud, justicia indígena, pacto fiscal, censo, cumplimiento de acuerdos y Tipnis, entre otros. Los indígenas esperan concretar una reunión con el presidente Luis Arce y los presidentes de los demás órganos del Estado.

“En horas de la tarde, a partir de las 15:00 o 15:30 está llegando una comisión del Gobierno para coordinar el tema de la reunión con el Estado. Vamos a coordinar con ellos, para agendar la reunión con el presidente Luis Arce, con los cuatro poderes del Estado, ese es el objetivo claro. Con ellos no vamos a dialogar sobre el tema de la agenda, se les va a decir que hay una agenda nacional de 16 puntos, pero que esos puntos van a ser tocados específicamente primero con el presidente”, dijo a Página Siete Digital el dirigente indígena Abdón Justiniano.

El 25 de septiembre, la columna envió cartas al presidente Luis Arce, en representación del poder ejecutivo, y al vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa. También se extendió la invitación, mediante misivas, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, y al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassentoufel.

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Justiniano señaló que lo ideal sería entablar una mesa de diálogo con la participación de los presidentes de los cuatro poderes del Estado para que los indígenas expongan sus demandas.

Al respecto, el vocero de la XI Marcha Indígena, Marcial Fabricano, expresó ante los medios: “Cada poder del órgano de Estado está a la cabeza de su presidente. Necesitamos la respuesta oficial, formal en esa estructura y en ese nivel”.

Por ahora, los marchistas descansan en el polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), luego de 37 días de caminata que emprendieron desde Trinidad.

Entre algunos puntos, piden “abrogar y derogar todas las normativas y/o resoluciones que permiten todo tipo de avasallamiento, en todos los territorios indígenas ancestrales”. Además, demandan paralizar toda actividad extractiva en los territorios indígenas y contar con una nueva ley agraria.

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Exigen que a escala nacional se asignen 34 escaños especiales para las naciones y pueblos indígenas por normas y procedimientos propios sin partidos políticos, la designación de escaños especiales en asambleas departamentales, de acuerdo a la cantidad de naciones y pueblos indígenas en cada departamento y la participación de forma directa de concejales indígenas.

Demandan también la abrogación y derogación de leyes y normas que afectan a los pueblos y naciones indígenas, la restitución del Ministerio de Autonomía indígena, la auditoría externa al ex Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), la creación de la Universidad Indígena para el Oriente y Amazonía, y la dotación de ítems para médicos que ejercen la medicina natural y tradicional.

Señalan también que no se permitirá que las leyes de justicia ordinaria suplanten la administración de justicia indígena, que en el marco del pacto fiscal sobre la redistribución de recursos se incluya a las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y, un censo de las naciones y pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, propuesto para el año 2024, entre otros.