Tras una reunión de sus representantes en Potosí, los cívicos del país definieron impulsar una marcha el 10 de octubre y un paro nacional el 11 para rechazar varias medidas del Gobierno, entre ellas la ley antilegitimación, y exigir que pare la “persecución política” contra los opositores.

Los representantes anunciaron que la movilización reforzará las protestas que alistan para la misma fecha varios sectores, entre ellos gremiales, médicos, transportistas y otros sectores, en rechazo del proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”.

“Apoyaremos y participaremos en todas la movilización en defensa de nuestros derechos, como la gran marcha nacional por la democracia del 10 de octubre. Y nos sumamos al paro nacional movilización del día 11 de octubre”, detalla parte del pronunciamiento de las entidades cívicas.

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También se pronunciaron sobre la “persecución política” y “la arremetida” del Gobierno contra activistas, políticos, exautoridades, exjefes policiales y militares, además de ciudadanos y se declararon en “estado de emergencia y en pie de lucha permanente”.

“Repudiamos la persecución de los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares trabajadores de educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y democracia, por lo que apoyaremos y participaremos en todas las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, como la gran marcha nacional del 10 de octubre y nos sumamos al paro nacional movilizado del 11 de octubre”, señaló el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel al leer el comunicado.

En otro de los puntos, los cívicos convocan “a la cumbre nacional por la unidad, defensa nacional y la democracia en contra de la dictadura masista a realizarse el día 4 de octubre de 2021 en la ciudad de Santa Cruz”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Conade dio un ultimátum al nivel central del Estado para retirar a la Policía de las inmediaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). También, exigió que se anule el tratamiento del plan normativo “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”.