Un grupo de juristas, varios de reconocido prestigio (más allá de su trayectoria y posicionamiento político), han elaborado una valiosa propuesta para avanzar en la “transformación integral del sistema de justicia”. Aspiran consensuar un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política, mediante referéndum por iniciativa popular. Y convocan a “organizarnos para el debate”. Respondo al llamado.

El diagnóstico estructural del grupo es inequívoco: “el sistema no está cumpliendo su obligación de administrar justicia”. La crisis no es simple ni de coyuntura, sino terminal. Justicia para pocos, jueces poco idóneos y sin independencia, retardación, presupuesto miserable y mal administrado, corrupción, falta de estrategias, hacinamiento carcelario, abuso policial, violencia… Agotado, el sistema resulta insoportable.

Semejante crisis, agravada por la polarización política, hace imprescindible una reforma pronta y sustantiva. Las interrogantes son de alcance, oportunidad y procedimiento. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? La viabilidad pasa, sin exclusiones, por asegurar un amplio proceso deliberativo y un gran acuerdo nacional. Ahí está la propuesta como detonante, con el reto de modificar 12 artículos de la CPE e incluir otros dos.

La iniciativa se concentra en cuatro ejes: i) modificar la forma de elección de las altas autoridades del sistema; ii) sextuplicar su presupuesto anual precautelando una correcta administración; iii) apostar en serio por el pluralismo jurídico con revalorización de la justicia indígena (suprimiendo la aberración del “deslinde jurisdiccional”); y, iv) garantizar el derecho de acceso mediante jueces/juezas de paz. Son propuestas de fondo.

Señalo para el debate algunas inquietudes preliminares sobre la elección de magistrados. La propuesta contempla tres tiempos: ternas a cargo de una Comisión de Postulantes, elección en la Asamblea y referéndum ratificatorio o denegatorio. ¿Qué garantiza la imparcialidad de dicha comisión más allá de su no militancia formal? (bien conocemos la falacia de los “notables independientes”). ¿Cómo evitar que el referéndum se politice? ¿Qué ocurre si en la consulta predomina, por consigna, la votación denegatoria? ¿Vuelta a la comisión y otro referéndum?

Por último, observo la declaración principista del grupo: “ya no podemos ni debemos esperar nada del Estado y del gobierno”. Es comprensible. ¿Pero será razonable una “reforma consensuada” sin la participación de los órganos que se busca mejorar? ¿Será viable imponer el cambio desde una ciudadanía movilizada, con previsible bandera antigubernamental?

Hay que construir acuerdos y blindar la reforma ante la disputa de relatos. Corre debate.

FadoCracia camachista

1. Refiriéndose al catálogo de “derechos del hombre”, Baudelaire subrayó el olvido de dos fundamentales: a contradecirse y a marcharse. 2. El ciudadano Luis Fernando Camacho parece cultivar ambos con ventaja. No está mal. 3. Tras la quema de la wiphala en 2019, LFC difundió un video, wiphala en mano: “hay que aprender a respetar esta bandera porque representa a los indígenas”. El pasado 24 de septiembre, después de marcharse con monopolio de la palabra, se comió el respeto: “nos pidieron izar la wiphala y les dijimos que no; han venido a querer imponer su bandera, no nos representa”. 4. La contradicción también puede ser intergeneracional: “fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan; la Policía, de la misma manera, fue mi padre”. ¿Qué dice hoy José Luis Camacho? “Muchos militares jubilados me decían: ‘no van a tirar contra ustedes’. Eso alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz”. Alguien miente. 5. Antes de marcharse a Palacio con carta y Biblia, LFC instruyó en un cabildo: “tenemos que sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar”. Menos mal que era solo para anotar “los nombres de los traicioneros”. Derechos guardan derechos.