Luego de una caminata de 37 días desde que partió de Trinidad, la marcha indígena por “Territorio, identidad y cultura” planteó un pliego petitorio de 15 puntos. Los marchistas esperan dialogar mañana con los presidentes de los cuatro órganos del Estado. Más allá de su instrumentalización política por unos y otros, la undécima marcha indígena plantea una interpelación de fondo.

Hace 31 años, en 1990, los indígenas de tierras bajas protagonizaron la histórica primera Marcha por la Dignidad y el Territorio. Esa marcha, que llegó a la ciudad de La Paz, es el antecedente principal del proceso constituyente en Bolivia, que casi dos décadas después, en un contexto de cambio, derivó en la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional con pleno reconocimiento del sujeto indígena originario campesino y sus derechos colectivos. Hoy esos derechos siguen en agenda.

Desde entonces las marchas fueron la principal expresión de los pueblos indígenas del país para demandar al Estado, y también a la sociedad boliviana, cuestiones fundamentales como reconocimiento de su identidad, libre determinación y autogobierno, derecho a sus territorios, participación política, justicia propia, dignidad, inclusión, respeto. Las marchas no siempre lograron la atención de sus demandas, pero dieron visibilidad a la población indígena del país, en especial de tierras bajas.

Así ocurrió, una vez más, con la marcha que arribó esta semana a la ciudad de Santa Cruz. Si bien la caminata no tuvo pliego petitorio en su origen y recorrido, finalmente los marchistas comunicaron formalmente al Gobierno sus 15 puntos de demanda, solicitando reunirse con el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, además de la presencia de los presidentes del TSE y del Tribunal Supremo de Justicia. La convocatoria es para este lunes, en un coliseo de la universidad pública cruceña.

¿Qué piden los indígenas de tierras bajas? El pliego petitorio abarca un amplio catálogo que, en general, tiene que ver con el reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos. Los temas más importantes son la defensa de sus tierras ancestrales y territorios, la exigencia de una mayor representación directa en los órganos legislativos de todos los niveles del Estado, el impulso al proceso de autonomías indígenas y varias cuestiones normativas, presupuestarias, de servicios públicos e incluso simbólicas.

Más allá de los deplorables intentos por apadrinar la marcha con fines políticos (las “bestias humanas” ahora son “nuestros indígenas”), instrumentalizarla y/o ignorarla, es fundamental que el Estado Plurinacional, a través de sus principales autoridades y representantes, despliegue sus mejores voluntades y esfuerzos para escuchar, dialogar, viabilizar demandas. No basta el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas: es fundamental garantizar su ejercicio.