Luego de una reunión en Potosí, representantes de comités cívicos de todo el país anunciaron un paro nacional para el 11 de octubre en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el autoritarismo del Gobierno; entretanto que el oficialismo alertó que la derecha se reorganiza en un intento de lograr impunidad a las masacres de Senkata y Sacaba y, de ser posible, volver a imponer un nuevo golpe de Estado en el país.
Mediante un pronunciamiento, los cívicos del país señalaron que se ha determinado llevar adelante acciones en rechazo a la imposición de leyes inconstitucionales y el autoritarismo que se ejerce desde el gobierno de Luis Arce.
La movilización de los cívicos busca denunciar al Gobierno, por la imposición de las leyes inconstitucionales, que se encuentran en tratamiento en el Legislativo, y manifestar su rechazo a la transgresión de las libertades ciudadanas y la falta de respuestas a las demandas regionales, como la preservación del Cerro Rico de Potosí, la industrialización del litio, el problema de los avasallamientos, la defensa de la Chiquitanía y la hoja de coca de los Yungas, entre otros.
Los cívicos, también anunciaron la realización de una Cumbre por la Unidad y la Defensa de la Libertad y la Democracia para el lunes 4 en la ciudad de Santa Cruz, donde se busca conformar una alianza con las distintas organizaciones sociales del país.
Juan Carlos Manuel, representante de Comité Cívico Potosinista, denunció que el conjunto de nuevas normas que están siendo tratadas en el Legislativo tienen la finalidad de profundizar la persecución en contra de ciudadanos y grupos de oposición.
“No permitiremos la aplicación de leyes inconstitucionales, aprobadas y por aprobarse como: la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Ley de Registro de Comercio, Ley de Derechos Reales y la Ley de Ascensos de la Policía y Fuerzas Armadas, que afectan a gremialistas, comerciantes, periodistas, religiosos, transportistas y a todo el pueblo boliviano”, dijo.
Estas medidas de protesta se suman al “ultimátum” emitido por el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) para que el Gobierno pare el tratamiento la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y se retire la intervención policial a la sede de Adepcoca.
De la mima forma, representantes de las plataformas por la defensa de la democracia y el 21F anunciaron plegarse a la convocatoria nacional de los cívicos.
Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que con los recientes anuncios de movilizaciones y paros, se prepara una ofensiva en contra del gobierno Arce, por lo que se acercan días que amenazan al sistema democrático.
Alertó que la derecha fascista y sin propuesta se reorganiza en un intento de lograr impunidad a las masacres de Senkata y Sacaba y, de ser posible, volver a imponer un nuevo golpe de Estado en el país.
“Lo que están buscando, en lo que ellos llaman defensa de la democracia, es básicamente poder desestabilizar la gestión de Gobierno para que ello les permita generar rápidamente impunidad”, manifestó Richter en declaraciones a radio Kausachun Coca.
Las declaraciones de Richter se produjeron luego de que la justicia convocó a declarar a Luis Fernando Camacho para que esclarezca su rol en el golpe de Estado de 2019. Esa convocatoria judicial fue respondida por anuncios cívicos sobre una movilización y paro cívico.