El juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a la joven alcaldesa opositora, al cierre de la audiencia de medidas cautelares reiniciada ayer e instalada el jueves.

Chapetón fue imputada por incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado, enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la presunta privatización de un terreno público municipal para el funcionamiento de una gasolinera.

Chapetón deberá presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, le prohibieron comunicarse con personal implicado en el caso y deberá presentar dos garantes solventes.

También le prohibieron hablar del proceso con la prensa, como pasa en los juicios contra los opositores José María Leyes, Rafael Quispe y Guadalupe Cárdenas.

Chapetón, al ingreso de la prosecución de la audiencia, manifestó que esperaba un fallo que "haga honor a la verdad y la justicia". "Estoy entrando con toda confianza en Dios porque tengo la verdad de mi lado", agregó. Tras conocer la resolución, agradeció el apoyo de la población.

“Agradezco a Dios ante todo y también, de todo corazón a mi ciudad, a las mujeres, jóvenes y varones y a TOD@S los q se pronunciaron me hicieron sentir su apoyo y solidaridad: me compromete a seguir trabajando sin descanso por nuestra querida ciudad de El Alto”, escribió en su cuenta de Twitter.

El abogado de la autoridad, Héctor Tapia, precisó que “la Alcaldesa va a seguir ejerciendo su cargo”, extremo que luego confirmó la jueza Claudia Castro, quien además explicó que Chapetón puede “realizar su actividad cotidiana” con normalidad.

ACUSACIONES POLÍTICAS

La denuncia fue presentada por el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, correligionario de Chapetón, aunque el legislador se apartó del proceso el jueves bajo el argumento de que el caso se politizó y el oficialismo buscaba un golpe oficialista.

La Alcaldesa alteña argumentó en reiteradas ocasiones que cuando se hizo la transferencia del predio, ella “tenía diez años y estaba en colegio”. Bajo ese argumento, inquirió que el proceso es político y tiene el fin de sacarla de la silla edil con un “golpe” judicial.

Quispe calificó ayer como correcta la resolución de la justicia, aunque avisó que continuará investigando a la Alcaldesa, al alcalde de La Paz, Luis Revilla y al gobernador paceño Félix Patzi. Su colega Amílcar Barral lo llamó “desubicado” y prometió regalarle una brújula.

Por su parte, el diputado Sergio Choque (MAS) dijo que cuando menos esperaba que se dicte detención domiciliaria para Chapetón y pidió que se revoque la resolución que permitirá a la autoridad edil defenderse en libertad.

Sostuvo que el caso continúa a cargo de la Fiscalía y la participación del Viceministerio de Transparencia porque existen elementos suficientes para identificar errores en la recuperación del bien municipal.