En su intento de posicionar fuera de Bolivia la teoría del golpe de Estado el 2019, el Gobierno recibió ayer el tercer revés internacional en este año. Primero fue en la OEA, luego en la Cumbre del Celac en México y ahora la Unión Europea sacó la cara por su exembajador León de la Torre, quien fue facilitador del diálogo que pacificó el país tras la renuncia y salida de Bolivia del expresidente Evo Morales.

El Gobierno respondió en el ámbito de su jurisdicción, la Cancillería emitió un pronunciamiento y señaló que “existe una investigación que establecerá responsabilidades nacionales e internacionales sobre lo ocurrido en el país”.

Por la mañana del jueves, un comunicado emitido en Bruselas por la UE “rechaza firmemente” la acusación formulada por el presidente Luis Arce contra el exembajador de la UE en Bolivia, León de la Torre, en la que alega que el diplomático participó en “la ruptura del orden constitucional” en el contexto de la crisis política de Bolivia en 2019.

Según el comunicado, en noviembre de 2019, la Unión Europea ayudó a facilitar reuniones involucrando actores claves de todos los partidos políticos, incluidos representantes del MAS, bajo el liderazgo de la Iglesia católica y por solicitud explícita del Gobierno del presidente Evo Morales.

El texto añade que el objetivo de esas reuniones fue ayudar a pacificar al país en un momento de extrema tensión, a través de la creación de una plataforma de diálogo, con el objetivo de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió a Bolivia. Otros países también contribuyeron al proceso de facilitación en diferentes momentos de la crisis desatada.

“La UE trabaja por una relación sólida y constructiva con Bolivia en todos los ámbitos, basada en el respeto mutuo”, señala el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió también de forma escrita. “Estos hechos (los de 2019) se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado”, dice el comunicado.

En su discurso del 23 de septiembre ante la Asamblea de la ONU, el presidente Luis Arce acusó a tres organismos internacionales de participar en la supuesta ruptura del orden constitucional en Bolivia, una de esas instancias fue la UE y León de la Torre era el diplomático acreditado ese año.

En la justicia ordinaria existen varios procesos, todos vinculados a los sucesos de 2019. Asimismo, está pendiente otra media docena de juicios de responsabilidades contra el gobierno de Jeanine Áñez. Según el gobierno boliviano, el Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes (GIEI) Bolivia determinó que, durante la crisis política de noviembre de 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y todos esos casos se encuentran en investigación.

El expresidente y líder de la agrupación opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, comentó en su cuenta de Twitter que “La mentira del golpe no solo ocasiona graves violaciones a DDHH, persecución y detenciones ilegales como la de Jeanine Añez, sino que evidencia ante el mundo la irresponsabilidad de Luis Arce que de manera temeraria acusa a la UE y recibe una respuesta contundente y clara de esta”.

El 26 de agosto, Argentina, México y Nicaragua fueron las naciones que respaldaron la postura del gobierno de Bolivia en la sesión extraordinaria del miércoles del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a 34 países del hemisferio. El gobierno solicitó la audiencia para denunciar la “injerencia” del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la investigación judicial que se realiza en el país respecto al caso “fraude”.

En la cumbre de la Celac, hace dos semanas, Luis Arce planteó de la misma manera la necesidad de reemplazar a la OEA.

Su posición ni siquiera fue tratada ni se consideró en la reunión presidencial. En Bolivia recibió las críticas de la oposición.