Tras el rechazo planteado por la Unión Europea (UE) a las acusaciones del presidente Luis Arce contra el exembajador del bloque sobre su participación en la crisis de 2019, el Gobierno de Bolivia afirmó que una investigación establecerá las responsabilidades de los actores “nacionales e internacionales”.

“El Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes (GIEI - Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que durante la crisis política de noviembre de 2019, en el que se rompió el orden constitucional, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”, reseña un comunicado de la Cancillería.

“Estos hechos se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado”, se añade.

La mañana de este jueves, el bloque europeo rechazó “con firmeza” la acusación lanzada por el presidente Arce durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la supuesta participación del entonces embajador León de la Torre en la presunta “ruptura del orden constitucional” tras la crisis poselectoral de 2019.

En ese contexto, Arce puntualizó que la crisis, que derivó de la renuncia de Evo Morales, “también contó con la participación de la OEA a través de su secretario general, Luis Almagro; de otros gobiernos como el anterior de Argentina, que envió armas y municiones a los golpistas, del propio representante de la Unión Europea, y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”.

La UE recordó al Gobierno boliviano que su participación en la crisis de 2019 fue de facilitar el diálogo para pacificar el país en reuniones que contaron con la participación de todos los actores “por solicitud explícita del Gobierno del Presidente Evo Morales”.

En el comunicado, la Cancillería puntualiza que “el Gobierno del Estado Plurinacional del Bolivia, comparte la visión de la Unión Europea respecto a construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, complementariedad, solidaridad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.