Una comisión de juristas independientes ha presentado su propuesta consensuada para la reforma judicial. Consiste en realizar una reforma parcial de 15 artículos de la Constitución Política de 2009. En la comisión figuran abogados con alto prestigio y cuya participación política los puso en lugares diametralmente opuestos. Difícilmente se lograría formar un grupo de alto nivel tan plural si no fuera que todos ellos convergen en la convicción de que el sistema actual de administración de justicia requiere un cambio radical e inmediato.

De diversas maneras, se han expresado en favor de iniciativas similares otros destacados juristas, varias plataformas ciudadanas y los espacios de opinión y análisis de los diarios del país están llenos de evaluaciones y propuestas apuntando a lo mismo: una reforma que garantice la independencia de los jueces.

La propuesta de la comisión de juristas plantea seleccionar postulantes a los tribunales a través de una Comisión Nacional de Postulaciones, que elaboraría ternas para consideración de la Asamblea Legislativa, de manera que la participación ciudadana defina la ratificación o el rechazo de las listas elegidas por dos tercios de la Asamblea. Esta propuesta combina la participación electoral con la atribución decisoria del Legislativo, pero todo a partir de un proceso menos politizado y más transparente de selección inicial de postulantes.

Hay varios países que incorporan en su modelo de administración judicial institutos similares y al parecer han operado con eficiencia. En nuestro caso tendremos el desafío adicional de eludir el corporativismo, tan enraizado y pernicioso en nuestros hábitos políticos.

La propuesta también marca una edad (45 años) y una experiencia (20 años) mínimas, lo cual es también razonable y frecuente en otros países. Pero, define un mandato de nueve años para los magistrados, reiterando una práctica común en América Latina pero no en Europa y Norte América, donde la tendencia es más bien a mandatos vitalicios sin otro límite que la salud o, en algunos casos, la edad. Es obviamente más independiente un juez vitalicio que uno con mandato limitado, que inevitablemente incluirá en sus cálculos y decisiones la incertidumbre de su propio futuro profesional y laboral.

También me parece inadecuada la propuesta de garantizar paridad de género en la composición de los tribunales, porque abre las puertas a la pugna por cuotas, que puede ser infinita, reduciendo el espacio de consideración de la probidad y el profesionalismo. Las cortes no pueden ser “congresos corporativos” basados en género, generación, etnia, regiones o profesiones.

Un tema crucial que sí está incorporado es el de la dotación de recursos al Poder Judicial, planteando al menos el 3% del presupuesto público. Esto es esencial, porque no es posible esperar eficiencia de jueces y funcionarios mal pagados y carentes del apoyo necesario. Ese 3% es mucho más de lo que ahora recibe ese poder del Estado, pero tal vez no sea suficiente para garantizar el acceso a la justicia en todo el país.

La propuesta no toca al Ministerio Público, cuya transformación posiblemente sea más fácil de lograr sin necesidad de tocar la Constitución, a través de leyes y acuerdos políticos.

Este es el gran desafío: los acuerdos políticos. Para que la propuesta de esta comisión sea viable, necesitará el respaldo activo de una amplia base social y además vencer dos filtros legales, los de los tribunales Electoral y Constitucional. Luego pondrá a prueba la voluntad política de la Asamblea Legislativa, que deberá enfrentar en su momento la exigencia de más de un millón de firmas, que es lo que se necesita para obligar al referéndum.

La mayoría parlamentaria del MAS y el control que tiene ese partido sobre el Tribunal Constitucional, le podrían permitir al Gobierno bloquear la iniciativa y evitar que se llegue al referéndum. Pero el costo político de hacerlo sería tan o más grande que perder el referéndum.

Creo que el Gobierno debería aprovechar esta propuesta y asimilarla para avanzar en un proceso de concertación que es demandado por una creciente mayoría de los bolivianos y que también forma parte de su agenda, por lo menos en los discursos de Choquehuanca y Lima. Hasta ahora el Gobierno no ha demostrado su voluntad de consenso y convivencia democrática, y esta iniciativa puede sin duda ayudarle a recuperar credibilidad y eludir los riesgos de nuevas derrotas políticas. Que se recolecte un millón y medio de firmas que le obliguen a convocar a referéndum sería ya una derrota política. Pero sería una mayor llegar al referéndum, y perderlo. No se debe ignorar que en este momento ya hay un 80% del electorado que no confía en el sistema de justicia y que espera su reforma. Cuanto antes, mejor.