Medio: Jornada
Fecha de la publicación: jueves 30 de septiembre de 2021
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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La marcha de indígenas de tierras bajas ingresó este
jueves a Santa Cruz con el objetivo de instalar un diálogo al más alto nivel
con el Gobierno del país para plantear demandas que giran en torno al respeto
de sus territorios y su cultura.
La columna de la marcha llegó a la ciudad cruceña en
medio del recibimiento afectuoso de muchos ciudadanos por los 37 días en los
que recorrieron alrededor de 500 kilómetros desde Trinidad, en el departamento
de Beni.
«¡Bienvenidos, bienvenidos!», gritaban constantemente quienes
salían de sus casas a los marchistas que atravesaron la ciudad identificándose
con la bandera del Patujú, una enseña blanca en la que en el centro tiene una
flor del mismo nombre rojo, amarillo y verde que representa a las etnias de
tierras bajas.
Varias personas se incorporaron a la movilización en
signo de apoyo por considerar que «su causa es la de todos» y otros que desde
el borde de las avenidas o desde las pasarelas aplaudían el esfuerzo de los
marchistas.
Una extensa bandera del Patujú, emblema que se contrapone
a la Wiphala más reconocida por los indígenas andinos aimaras y quechuas,
sostenida por varios marchistas en los extremos marcó también el ingreso de la
movilización a Santa Cruz en medio de los bocinazos de apoyo de los vehículos.
«Gracias a todos los residentes de todos los
departamentos, no hay palabras para poder agradecer (…) Dios nos ha puesto a
prueba y nos ha puesto en este camino, estamos con la fe puesta en él», declaró
a los medios el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB),
Abdón Justiniano.
Caída la noche, la marcha llegó hasta la plaza principal
de la ciudad donde junto al repique de campanas de la Catedral un gran grupo de
personas hizo el recibimiento de los marchistas que después ingresaron a ese templo
para asistir a una ceremonia religiosa.
Planteamiento de diálogo
El secretario General del denominado «Parlamento de
Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia», Miguel Ángel
Valdivia, explicó que se hizo llegar una invitación al presidente del país,
Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, con miras a sostener un
diálogo.
Lo primero es «llegar y descansar» y se prevé que en la
siguiente jornada puedan «debatir con las autoridades nacionales» en
instalaciones de la estatal Universidad Gabriel René Moreno.
Las peticiones giran alrededor de la defensa de los
territorios indígenas, los recursos renovables y no renovables y el respeto a
su identidad cultural, en varios casos marcados por costumbres propias y la
influencia del catolicismo en zonas donde siglos atrás se instalaron las
misiones jesuitas.
Uno de los problemas radica en el avasallamiento y
creación de nuevos asentamientos ilegales en territorio indígena por parte de
los llamados «interculturales», que son grupos de indígenas andinos aimaras o
quechuas que conforman asociaciones afines al Gobierno, según manifestaron.
Justamente, algunos de los dirigentes han expresado que
esa situación ha causado una tensión cultural que afecta a las tradiciones de
los pueblos de tierras bajas y el riesgo de que su cultura se subsuma en la de
las culturas mayoritarias andinas.
A pesar de esta demanda, el Gobierno ha señalado que es
su potestad la distribución de tierras y varios de sus funcionarios han
considerado que la movilización tiene intereses políticos por una supuesta
afinidad con el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho.
Precisamente, Camacho es a quien se lo señala como
responsable de un «golpe de Estado» por la crisis política del país en 2019 en
un proceso judicial que tiene a exmilitares y expolicías procesados, además, de
la expresidenta interina Jeanine Áñez detenida hace más de seis meses en un
penal en La Paz.
Esta movilización, a diferencia de otras de años
anteriores en la década de 1990 y otras dos en 2011 y 2012, que se oponían a la
construcción de una carretera por una reserva natural, esta vez no se dirigió a
La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento, sino a Santa Cruz como una protesta
a lo que consideran un modelo centralista del país.



