Bolivia es desde 2009 un Estado plurinacional al menos en papeles, pues aunque hubo avances en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, aquellos que no están bajo el paraguas del oficialismo sienten que son invisibles y sus derechos y formas de vida no son respetados.

La llegada de una marcha indígena a Santa Cruz que reclama el respeto pleno de sus derechos ante las invasiones de sus territorios hizo rememorar las primeras movilizaciones de estos sectores en los años 1990.

Entonces una marcha desde la Amazonía a La Paz puso en el mapa por primera vez a esas etnias ignoradas durante décadas por el Estado y logró entre otros que se propongan reformas constitucionales para reconocer sus derechos.

Esto finalmente quedó plasmado en la Constitución vigente desde 2009 con la que Bolivia pasó de ser República a Estado plurinacional y además reconoció ampliamente los derechos de 36 pueblos indígenas.

El quiebre

El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y su máximo líder, el expresidente Evo Morales, se atribuyen enteramente estas conquistas, algo que critican otros indígenas que retiraron su apoyo al proyecto «masista».

El punto de quiebre con estos sectores fue la brutal represión policial en 2011 de una marcha indígena contra un proyecto de Morales para construir una carretera que partía en dos una reserva natural sin consultar a sus habitantes como mandan las normas internacionales y la misma Constitución.

La nueva Constitución fue producto de las «luchas» indígenas de 1990 contra la «discriminación y marginación» estatal en las «tierras altas» o zona andina y las «tierras bajas», como se llama a las regiones de la Amazonía, el oriente y el chaco bolivianos, dijo a Efe la diputada opositora quechua Toribia Lero.

Lero reconoció que tras la crisis social de 2003, varios sectores confiaron a Morales la «agenda de lucha de los pueblos indígenas», pero también cuestionó que luego el oficialismo «poco a poco se apropia y despoja de estas luchas» a los indígenas «y hace ver como si fueran del MAS».

Luego de la Constituyente, el partido de Morales empezó a aprobar leyes que «son más nefastas que las neoliberales» porque propiciaron la invasión de territorios indígenas, incendios forestales y proyectos mineros, de hidrocarburos o infraestructuras en esas tierras o en áreas protegidas, denunció.

¿Andinocentrismo?

Pese al reconocimiento constitucional a las 36 naciones indígenas, hay quienes denuncian un «andinocentrismo» por parte del Gobierno nacional, que suele privilegiar lo quechua y aimara, los pueblos más numerosos en Bolivia, con 1,2 millones de personas el primero y 1,1 millones el segundo, según el censo de población de 2012.

Las críticas apuntan a la predominancia de la simbología de estas etnias en construcciones como la nueva casa de Gobierno o el Parlamento, la celebración del Año Nuevo Andino ampliada a las otras regiones bolivianas, o el uso de la wiphala, la bandera que representa principalmente a las culturas andinas y es símbolo patrio desde 2009, entre otros.

«Hay una intención de imponer una hegemonía de cultura sobre todo andina hacia todo el territorio nacional. Estaríamos hablando de un andinocentrismo y eso repercute de manera negativa para muchos pueblos que estamos en las tierras bajas», dijo a Efe el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos de Bolivia (Contiocap), Álex Villca.

Villca, indígena uchupiamona, consideró que hay una «invisibilidad tendenciosa» sobre todo hacia los pueblos indígenas de tierras bajas que «muy poco» lograron desde 2009.

«Seguimos viviendo en un Estado monocultural, no hay la aplicación del Estado plurinacional» porque los derechos indígenas no se cumplen plenamente, manifestó.

Para Lero, el «andinocentrismo» es más que nada simbólico porque si bien hay «una instrumentalización exagerada de los símbolos andinos», en los hechos, los derechos de los indígenas de tierras altas también son vulnerados.

Incluso la representación política de las naciones andinas ha sido escasa en los Gobiernos de Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, acotó Villca.

Plurinacionalidad y tensiones

Para el activista, «hablar de la plurinacionalidad implica el reconocimiento y respeto a todos los pueblos indígenas», pero el oficialismo insiste en «imponer una ideología» que no representa a todos y que «más allá de buscar la unidad, nos está llevando a una separación».

Esa tensión se hizo evidente en estos días por un incidente entre el Gobierno y la gobernación de Santa Cruz en torno a la iza de la wiphala en la efemérides cruceña.

El dirigente recordó que durante el Gobierno transitorio de Áñez también hubo un uso predominante de la flor del patujú, otro símbolo patrio, por lo que demandó a los políticos un cese del «manoseo» de los emblemas indígenas.

Lero sostuvo que la wiphala es propia de los pueblos indígenas y «no de los partidos políticos» y también cuestionó el «uso exagerado» de la bandera por parte del MAS.

La posibilidad de que los indígenas tengan participación política al margen de un partido, el respeto por sus territorios, usos y costumbres, su libre determinación y su participación en la elaboración de programas que se adecuen a sus necesidades son algunos pendientes que están en las normas, pero no se cumplen, según Lero y Villca.