Son representantes de pueblos originarios de Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca. Los más de 300 marchistas que acaban de conformar el Parlamento de las Naciones Indígenas se acercan a Santa Cruz de la Sierra con un pliego de peticiones que esperan entregarlo al presidente Luis Arce y a las principales autoridades de los órganos del Estado.

Eso sí. Los indígenas han solicitado veedores de la Unión Europea y de la oficina Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la presentación de sus peticiones que, según el Gobierno pueden politizarse por la participación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en este movimiento.

“La voz de los hermanos marchistas es el Parlamento de Naciones Indígenas, ya tiene todo esquematizado, su rol, su competencia, además de sus integrantes por regiones y por pueblos, eso que se entienda clarísimo”, declaró Marcial Fabricano, un dirigente emérito de las tierras bajas del país, quien fue nombrado vocero oficial de la nueva entidad.

Con esta atribución, Fabricano envió sendas cartas para invitar al jefe de Estado, al vicepresidente David Choquehuanca, a Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Óscar Hassenteufel, titular del Órgano Electoral, a una reunión marcada para las 10:00 del jueves en la sede de la Pastoral Social de la Iglesia católica de Santa Cruz de la Sierra.

La cita, escribió el vocero, será para viabilizar el cumplimiento de los derechos indígenas establecidos en la Constitución y convenios internacionales, “debidamente homologados en el país”.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que hay predisposición de dialogar con el sector. No obstante, consideró que existe una “intención política” vinculada con la gestión de la gobernación cruceña sobre la política de tierras. “Estamos a la espera de la llegada de esta marcha para hacer conocer su pliego petitorio. Hemos trabajado con las cinco regionales de Beni y el sábado nos hemos reunido con las 14 regionales nacionales”, señaló la autoridad al canal estatal.

“No tenemos nada que ver con Camacho; la demanda es por nuestros derechos, para que se respete la Constitución”, dijo ante esa percepción el cacique Abdón Justiniano, integrante de la marcha y del Parlamento Indígena.

En la carta que Fabricano remitió a Michel Dóczy, embajador en Bolivia de la Unión Europea, el dirigente enumera 14 normativas, aprobadas en 2019, 2020 y 2021 que afectan la autonomía indígena y sus derechos, favoreciendo incluso al avasallamiento de tierras y afectaciones ecológicas

“Esta situación pone en alto riesgo la existencia de nuestros pueblos, al no contar con recursos de cacería, pesca, recolección, que eran nuestras principales fuentes de sustento. A su vez, la imposición de modelos de desarrollo extractivos de recursos naturales en nuestros territorios trae consigo la destrucción de los sistemas vivos”, señala la misiva.

La marcha llegó anoche a la población de La Enconada, a tan sólo 30 kilómetros de la capital cruceña. Este martes, los marchistas prevén arribar a Cotoca para emprender la recta final a Santa Cruz este miércoles, dijo Justiniano. Aseguró que la movilización sumó respaldo durante su recorrido de varios sectores de la sociedad, pues llevan consigo demandas en favor de sus derechos sociales, económicos y políticos.