Lo sucedido el viernes pasado, cuando un grupo de personas bajó la wiphala de uno de los mástiles durante la celebración del aniversario de Santa Cruz, acentúa la brecha discursiva entre el oficialismo y la oposición. Ese día, el vicepresidente David Choquehuanca había asistido al acto, invitado en calidad de presidente en ejercicio, ante la ausencia de Luis Arce. Pocos minutos después de que la autoridad izara la wiphala, esta fue quitada. El Gobierno, movimientos sociales, campesinos y originarios asumen aquello como un “agravio”.

La tensión crece. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue denunciado formalmente ayer por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de esa región, del mismo modo que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El partido azul masifica un “wiphalazo” en todo el país, con el objetivo de defender el emblema, mientras que los cívicos del oriente exigen la renuncia de dos ministros.

En las pasadas horas, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba evalúa acciones para el desagravio. El exmandatario Evo Morales explicó que una de ellas es llevar adelante una concentración en Cochabamba. La otra es marchar desde Caracollo hacia La Paz.

Por su parte, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Omasuyos Ponchos Rojos, de La Paz, y Bartolinas Sisa están en alerta. Ambas agrupaciones solicitaron que quienes retiraron la wiphala sean sancionados penalmente. La Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico tuvo un ampliado en el que determinó exigirle al Ministerio Público “actuar de oficio y tomar acciones legales” contra Camacho, Calvo y otros. Bartolinas dio un plazo de 72 horas para que el Ministerio Público “actúe”.

AGRESIONES

A primeras horas de la mañana, sectores que reivindican la wiphala se concentraron en la Plaza Murillo, donde se produjeron altercados. César Dockweiler, quien en las elecciones subregionales de este año candidateó para la Alcaldía paceña por el oficialismo, formó parte de las movilizaciones “permanentes y pacíficas”. Todo empezó luego de las 10:00.

Los diputados Ingvar Ellefsenson y Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron haber sido agredidos por afines al MAS. A Roca lo habrían pateado y Ellefsenson habría sido arrinconado. Según imágenes, Roca también fue golpeado con banderas.

El líder de CC, Carlos Mesa, criticó el hecho. “El MAS incrementa la violencia, el acoso y el hostigamiento contra quienes creemos y practicamos la democracia”, reza una parte del tuit.

6 DENUNCIADOS

La bancada masista de Santa Cruz presentó ayer seis  denuncias formales ante la Fiscalía en contra de Camacho, Calvo, el diputado José Carlos Gutiérrez, el ciudadano Adalid Farel, y las asambleístas Lisseth Durán y Keila García. Los acusa por presunto “ultraje a los símbolos patrios, racismo y discriminación”.

“Con el fin de homenajear al departamento en  su efemérides, primeramente tomó la palabra el señor alcalde Jhonny Fernández y luego Luis Fernando Camacho, quien de manera irrespetuosa, racista y discriminatoria le negó y restringió la palabra a la primera autoridad del Estado (entonces, Choquehuanca)”, dice parte del comunicado.

EXIGE RENUNCIAS

El cívico Calvo acusó que, a su entender, existe un “montaje” y una provocación por parte del Gobierno en el caso de la wiphala, por lo que ha pedido la renuncia de los ministros Iván Lima (Justicia) y Eduardo del Castillo (Gobierno).

“El centralismo nuevamente ataca y ofende a Santa Cruz y a los cruceños. En un evidente acto de provocación e incitación a la violencia, montaron un conjunto de acciones buscando la reacción de la ciudadanía, que indignada de tanto insulto y menosprecio, reaccionó de una manera digna y, además, enmarcada en la legalidad”, citó Erbol.

Sobre la agresión hacia un dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) en el aniversario de Santa Cruz, Calvo dijo que era un “policía disfrazado de indígena”, por lo que descartó “racismo”. “Fue denunciado este falso indígena por usurpación de funciones y públicamente se dio a conocer su nombre por no ser representante”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia le pidió un informe a la Cancillería para argumentar la posible denuncia contra Camacho. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, explicó, en entrevista con La Razón, que si bien existen como evidencia los videos, han solicitado el documento al despacho de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta que las autoridades siempre se desplazan con protocolos.

El Gobierno, por su parte, entiende que es “indefectible” que se cursen procesos penales en contra de quienes propiciaron la quita de la wiphala.