Uno de los mayores fracasos -maldición dirán algunos- en la vida de una persona es terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que se predica o de la imagen de sí mismo que busca proyectar. En ese plano, quedan pocas dudas de que el vice Choquehuanca dedica grandes esfuerzos por diferenciarse del exvice García; tantos que, probablemente considere una injuria mayor comprobar que, salvadas todas las diferencias y distancias, sus obras y acciones se asemejan crecientemente a las de su predecesor.

Lo ocurrido en los actos oficiales de homenaje a Santa Cruz ha sido el último de sus grandes tropiezos, que empezaron a hacerse visibles con la IX Marcha Indígena por el TIPNIS. En ese momento, hizo un intento por aparecer como expresión del diálogo y el entendimiento al atreverse a llegar en persona a la marcha. Sin embargo, el mensaje -o conminatoria- que transmitió no convenció a los marchistas y eso condujo a que soportase jaloneos y empujones que se utilizaran como la coartada para intervenir la Marcha.

Desperdició allá, la ocasión para aclarar que lo ocurrido nada tenía que ver con el “secuestro” que se inventó el Gobierno, igual que su primera denuncia de falso golpe. Calló herméticamente y dejó caer a la ministra de Defensa, a quien había impulsado como responsable del cargo, cuando fue la única persona del gabinete que se atrevió a dejar claro públicamente que el régimen actuó, de principio a fin, con un enfoque represivo, nítidamente anti indígena.

Tampoco se vio intervención alguna de su parte para impedir que los colonizadores hostiguen y detengan a la marcha, con lo que se creaba el escenario para que la represión se despliegue, apaleando indiscriminadamente.

De ese modo se hizo parte fundamental del bloque oficial, opuesto y contrario a reconocer que lo plurinacional es solo una máscara si se ahogan las autonomías de los pueblos indígenas minoritarios. A continuación, no se le ha visto realizar ningún esfuerzo para desmontar la patraña de que todo se debió a la loca e inverosímil intervención de un coronel, “rompiendo la cadena de mando”.

Protegió con el mismo espeso silencio, que benefició a los verdaderos estrategas de Chaparina, a sus perseguidores internos, cuando desplegaron un continuo hostigamiento en su contra, obsequiándoles todo el espacio, hasta que lleguen a controlar férreamente el aparato político y estatal.

Sobrellevó los exilios diplomáticos de su derrota, murmurando de allá en cuando, alguna frase críptica con que intentaba diferenciarse de sus agresores, pero, poniendo por delante, siempre, la más envilecida y tradicional de las lealtades que es la que reserva para con el aparato político al que se debe el cargo y los privilegios. No es lealtad para con “las bases”, con el país, con los halagados “movimientos sociales” y, menos que menos, con el “vivir bien” o la “complementariedad”.

De allí que la denuncia contra el monopolio del poder, o los esfuerzos por insinuar diferencias sustantivas con el régimen de Morales-García, resultan tan vanos como cualquier acto de quien está dedicado a preparar su siguiente candidatura. Toda la evidencia histórica acumulada debería enseñarle que inclusive esa campaña morirá antes de tomar cuerpo, asesinada por las concesiones que ponen al Gobierno en las manos de los titiriteros que lo han puesto completamente al servicio de su propio plan y candidato.

Una de las tradiciones más significativas que ha abonado la ruta por la que el Estado y el llamado crimen organizado van mimetizándose hasta ser casi indiferenciables, es la lealtad y el silencio que apañan los crímenes cometidos por colegas o pares corporativos.  Así pasa hoy en una gran mayoría de países, sin importar la talla o calidad de sus economías, ni la naturaleza de sus ideologías.

Al poner esa lealtad por delante, la complicidad es inevitable.  No hay palabras que puedan compensar esa tradición que se construye con hechos y actos, cotidianos y continuos. Desde el detalle, que va desde cobijar, reivindicar y promocionar como jefe de su gabinete a un miembro de la banda que en el TCP montó el golpe contra la Constitución y la democracia, hasta integrar una gestión gubernamental, dedicada a allanar el retorno de aquellos que se censura con las palabras y se respalda con las acciones.