“Porque son insoportables: la corrupción, el sometimiento político, la retardación de los trámites, el hacinamiento inhumano de las cárceles, el abuso policial y la naturalización de la violencia en contra de mujeres y niñas; porque estamos en un momento terminal de la crisis judicial, se requiere una reforma”.

Es lo que dice la convocatoria de 10 juristas que este 22 de septiembre entregamos como propuesta de Reforma, judicial para la democracia. Somos 10 abogados, abogadas y juristas indígenas, sin filiación partidaria que planteamos iniciar la reforma judicial a partir de una reforma parcial de la Constitución, vía referendo ciudadano.

Frente a las carencias centenarias de nuestra administración judicial, se plantean tres cimientos esenciales: independencia e idoneidad de los jueces, presupuesto suficiente para un servicio digno, y revalorización de la justicia indígena, junto a la justicia de paz para que la justicia llegue a todos. Veamos:

1. Independencia e idoneidad, empezando por los jueces supremos, cambiando su forma de elección ya que el voto popular fue malogrado por la manipulación partidaria del MAS que, en 2011 y 2017 para la selección de postulantes, no tomó en cuenta ni priorizó idoneidad ni méritos, sino afinidades partidarias que suplantaron el voto ciudadano y agravaron el sometimiento político, la improvisación y la carencia de idoneidad de los jueces supremos, reproduciendo esas graves deficiencias en toda la estructura judicial.

Para ello, en la propuesta se elimina la atribución de la Asamblea Legislativa de preseleccionar los postulantes a magistrados, creándose para este efecto una comisión nacional de postulaciones, integrada por representantes independientes de la sociedad, que formule, exclusivamente en base a méritos, ternas cerradas sobre las cuales la Asamblea Legislativa elija por 2/3 del total de sus miembros. El resultado de esa elección en base a méritos será sometido a referendo popular aprobatorio.

2. Recursos suficientes para el servicio judicial que hoy tiene una asignación miserable menor al 0,5% del Presupuesto General el cual, además, cada año debe ser negociado con el ministro de Finanzas.

Solo tenemos 1.100 jueces para 11 millones de bolivianos, ellos, en su mayoría, tienen sueldos bajos, están hacinados en las ciudades capitales, y carecen de infraestructura y de medios de trabajo. Por ello, la propuesta de reforma plantea asignar al Órgano Judicial una partida constitucional no menor al 3% del Presupuesto General, encargando su administración a un Concejo de la Magistratura renovado técnica y profesionalmente, y con atribuciones presupuestarias plenas.

3. Y, en tercer lugar, se trata de cambiar la “justicia para pocos” que tenemos, posibilitando su acceso a la mayoría de la población, no solo con más jueces y juzgados, sino con la revalorización de la justicia indígena y el establecimiento, en la Constitución, de la justicia de paz. Los sistemas jurídicos de nuestras naciones originarias, reconocidos en la Constitución, están subordinados a la justicia ordinaria por la misma Constitución, a partir del concepto equivocado de deslinde, lo que se agrava con la ausencia indígena en el Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de la construcción de una justicia plural e intercultural.

La propuesta de reforma judicial elimina el deslinde, restablece la igualdad de todas las jurisdicciones y dispone un número igual de magistrados indígenas en el Tribunal Constitucional. Junto a ello, la propuesta instituye en la Constitución los jueces de paz, elegidos por los ciudadanos en los centros urbanos, y cuya función será la resolución amigable de los conflictos menores, evitando que estos diferendos entre vecinos se entrampen en los juzgados.

La propuesta plantea la reforma de, al menos, 12 artículos de la Constitución y la creación de dos nuevos. Es una propuesta inicial que no va contra el Gobierno, que no viene de la oposición, y nos convoca a la participación.

“La crisis terminal de la justicia ya no admite pasividad ni indiferencia. Está en tela de juicio no sólo el interés de litigantes o la suerte de funcionarios judiciales. Es la estabilidad y el destino de nuestro sistema democrático lo que está en juego ante las agravadas carencias de nuestra administración judicial. Hoy la entregamos a la opinión pública para iniciar el debate, para que entre todos acordemos una propuesta final, que será la que llevemos a referendo popular para su aprobación mediante el voto de la gente”.