El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la definición de la constitucionalidad o no de la ley departamental para elegir autoridades regionales observada por el Gobierno; negó que esta norma aprobada sea “separatista”.

El viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, impugnó ante el TCP una ley departamental cruceña “separatista” que faculta a ese órgano presentar ternas para la designación de autoridades económicas, electorales y judiciales regionales.

“Todas las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa Departamental, primero que todo, tienen presunción de constitucionalidad, si es que existiese algo que no es así, es el Tribunal Constitucional el que tendrá que dirimir, esa es una ley que recién ha sido aprobada, no ha sido promulgada”, afirmó Matkovic.

Esta norma aprobada, acotó la autoridad legislativa departamental, fue enviada al gobernador cruceño Fernando Camacho y todavía no está vigente.

“Analizaremos cuál es la respuesta del TCP si es que como dijo el ministro (Lima, ellos) han iniciado los recursos que ellos los vieran necesario, pero lo último que esta asamblea legislativa departamental y cualquiera de estos asambleístas quieren es separase de Bolivia. Nosotros somos parte de Bolivia y lo único que hacemos, es trabajar para salir de esta crisis económica en la que se encuentra hundido hace ya mucho tiempo”, acotó Matkovic.

Lima informó que el Presidente del Senado presentó una acción de conflicto positivo de competencia ante el TCP, para que esa instancia otorgue una medida cautelar que impida la promulgación de la citada norma.

El 17 de septiembre, la ALD de Santa Cruz sancionó una ley regional para elaborar ternas para la designación del fiscal departamental, representante de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría, de la Procuraduría y a los vocales del Tribunal Departamental Electoral (TED), del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y el director de la Oficina Anticorrupción, aspecto que es cuestionado por Lima, debido a que, según él, son facultades de los asambleístas nacionales.