El 15 de agosto se conmemoraron 10 años del inicio de la marcha de los pueblos indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Después de 34 días de caminata y pese a una violenta intervención, lograron su objetivo de paralizar la construcción de la carretera que pretendía pasar por el corazón del área protegida. Una década después, los protagonistas  aún exigen justicia; pero ¿qué fue de sus vidas?

En 15 de agosto de 2011, cerca de 2.000 indígenas de tierras bajas iniciaron una marcha  desde la selva hacia la cordillera. Se oponían a que una carretera, planificada para unir Villa Tunari  (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), parta en dos el Tipnis. El 25 de septiembre,  al menos 500 efectivos policiales intervinieron  la movilización  en Chaparina, localidad ubicada a  60 kilómetros de San Borja. Varios indígenas fueron  golpeados y amordazados. Han pasado diez años y, con procesos, el pedido de justicia continúa.

Vargas: “Me dieron muerte civil”

Fernando Vargas Mosua era  presidente de la Subcentral Tipnis cuando comenzó la marcha.  Hoy asegura que después de la movilización ha sufrido persecución y una especie de “muerte civil”, toda vez que no puede encontrar trabajo debido a la influencia del gobierno, por lo que ha tenido que trasladarse hasta Santa Cruz.

Cuenta que su esposa, María Alba Guillén, ha padecido Covid -19 en tres oportunidades y que el virus le ha dejando secuelas en los pulmones, corazón e hígado. Es por ello que ha recurrido a la colaboración de la población para  costear los gastos médicos.

“Desde la marcha del 2011 lo único que he recibido del gobierno  es una persecución permanente, al extremo de darme una muerte civil. No he podido trabajar en ningún lado, cuando estaba en una empresa asiática, se enteraron de quien era  y me retiraron, porque no querían tener problemas con el gobierno. Lo mismo pasa en el  financiamiento, para obtener un crédito. En todo este tiempo me han amenazado y también me han intentado sobornar; pero yo sigo fiel a mis principios”, asegura Vargas, quien a  pedido de los jóvenes dirigentes del Tipnis  ahora funge como asesor.

 Resalta que en  estos años la justicia  no ha hecho nada para dar con los culpables intelectuales y materiales de la represión en Chaparina. “Seguimos en el olvido, mientras que ellos están en la impunidad”, lamenta.

  Yubanure,   el 25 de septiembre de 2019 en Chaparina.

Yubanure: “Decidí estudiar”

 Miriam Yubanure era vicepresidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM) cuando arrancó la marcha de 2011.  Hoy guarda recuerdos agridulces de aquellos días de movilización: Está orgullosa de   la fuerza que han demostrado los pueblos indígenas de tierras bajas cuando se trata de defender su territorio; pero aún le duele la brutal represión que vivieron hombres, mujeres y niños en Chaparina. Considera que a la fecha  no se ha hecho nada para curar las “heridas abiertas”.

 “Hemos luchado en muchas ocasiones sin importar el gobierno que esté en el poder, sea por nuestras tierras, por la Asamblea Constituyente, por la autonomía indígena. Mi padre participó de la marcha de 1990 como dirigente del Tipnis, puso su granito de arena en la lucha, entonces yo seguí sus pasos”, dice Yubanure.

 Cuenta que estando en la dirigencia,  personas inescrupulosas trataron de “hacerle pisar el palito” para que firme documentos que iban  contra  los intereses de la comunidad. Es por ello, que con más de 30 años, decidió retomar sus estudios para salir bachiller, pues     solo había cursado hasta segundo de primaria. “Antes no podías terminar el colegio y más difícil era siendo mujer”, dice. Cumplido su primer objetivo, ahora sueña con ser profesora.

 “Estos últimos ocho años me dediqué a estudiar para sacar mi bachillerato, sin dejar de lado a mi familia. Tengo tres hijos y además soy abuela. Quiero ser profesora, dedicarme a educar a los niños y así demostrar que hay que seguir adelante en esta vida”, recalca.

Chávez:  “Usan a los  indígenas”

 Adolfo Chávez Beyuma era presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) en 2011. Los  últimos  años ha compartido su experiencia en temas relacionados a áreas protegidas con indígenas de todo el continente. Actualmente es coordinador de relaciones internacionales  de la Coordinadora de  Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

 Aún le duele la represión de Chaparina, por la cual responsabiliza al  entonces  presidente Evo Morales y a su ministro Sacha Llorenti, como autores intelectuales. Señala que la justicia  cerró cualquier posibilidad de avanzar en el caso; por lo que apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie un proceso al Estado boliviano por violación a los derechos de los pueblos indígenas.

“El gobierno utilizó todo el aparato del Estado para ensañarse con la octava marcha, que fue  pacífica, y como consecuencia hubo la brutal represión. Cuando demandamos a los autores, lo que hizo la Fiscalía fue rechazar las acusaciones, no se llegó a un proceso de investigación. La intención era matarme, le partieron la cabeza a un compañero y tuvo que mostrar su carnet para demostrar que no era Adolfo Chávez”, relata.

Diez años después de la marcha, considera que el movimiento indígena del oriente se encuentra fracturado debido a intereses partidarios. Por eso recalca que la Cidob debe pelear sus seis escaños por usos y costumbres.

“Los partidos políticos no deben llevar en sus planchas a los indígenas, porque nosotros tenemos otra forma de elegir. En algún momento vamos a interpelar al Órgano Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se aplique la descolonización. Cuando la Cidob tenga su bancada indígena, será otra historia; mientras tanto, los hermanos que van con los partidos políticos  solo están de floreros”, sostiene.

Fabricano: “La lucha sigue”

Marcial Fabricano, expresidente y fundador de la Cidob, fue coordinador de la histórica marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990  que logró que los pueblos de tierras bajas sea reconocidos como parte del Estado boliviano y que se respete su territorio. El Tata, como lo llaman, también participó en la marcha de 2011  como “soldado raso” y considera una injusticia que a la fecha no se haya avanzado en el caso de la represión a la pacífica movilización.

“Fue algo muy triste, los sentí mucho por mis hermanos… el Estado y su estructura se olvidó de aplicar justicia”, lamenta.

Fabricano cuenta que luego de la marcha del 2011 se ha dedicado a la vida familiar, pero sin dejar de lado las relaciones con las organizaciones indígenas. Estará en el evento de este 15 de agosto en Trinidad, que recordará los 31 años de la marcha de 1990.

“La lucha sigue y seguirá”, dice el exdirigente y apunta a los actuales avasallamientos de  tierras  por parte de agentes externos, que amenazan con desplazar  a las comunidades originarias.

Tacoó: “Derechos no se negocian”

Lázaro Tacoó, exvocero de la marcha en defensa del Tipnis, es el actual presidente de la Coordinadora de la Nación Chiquitana. Resalta que las marchas de los pueblos de tierras bajas han alcanzado sus objetivos en 1990 y en 2011 e incluso en 2018 cuando demandaron al Estado boliviano ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

 Sin embargo -recalca-  queda por resolver el asunto de Chaparina. Agrega que las organizaciones están atentos ante cualquier violación de sus derechos.

Apunta a los avasallamientos de tierras que se han convertido en el principal problema en la actualidad. Por ello asegura que  las comunidades, sobre todo en la Chiquitania,  se están organizando  para defender su territorio.

Coincide en que el movimiento indígena no debe ir  con los partidos políticos, toda vez que tienen sus propias organizaciones  para exigir sus derechos.

“La intención del gobierno es acallar los liderazgos indígenas originarios, pero no va a pasar. Nuestros derechos no se negocian”, finalizó Tacoó.

Exautoridades, en cargos del MAS

En una década, no se investigó a  autoridades del MAS que estaban en funciones durante la represión de Chaparina, en la marcha de pueblos indígenas en defensa del Tipnis en 2011. Actualmente algunas de ellas tienen algún cargo en el Estado o en su partido.

Sacha Llorenti, ministro de Gobierno durante la represión en Chaparina, renunció dos días después de la intervención  (25 de septiembre de 2011). En 2012 fue designado  embajador ante las Naciones Unidas, cargo que ocupó hasta el 2019 cuando fue depuesto con el gobierno del MAS . Actualmente es secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

Evo Morales, después de renunciar a la presidencia en noviembre de 2019 y asilarse en Argentina, retornó al país luego de la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales de 2020. Ahora es el  líder del Movimiento Al Socialismo.

En 2017, representantes de los pueblos indígenas presentaron una denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) en contra del Estado boliviano por la violación de los derechos de la naturaleza cometidos en el Tipnis. El  fallo, publicado en 2019, concluye que Bolivia “violó los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de la Madre Tierra”.

La instancia interacional recomendó  además la “paralización inmediata y definitiva” de cualquier avance de la construcción  en el  “Tramo II” de la carretera por el Tipnis.

Marcha por el Tipnis

 En 15 de agosto de 2011, cerca de 2.000 indígenas de tierras bajas iniciaron una marcha desde Trinidad en contra de  que se construya una carretera en el Tipnis.

2/9

El 2 de septiembre de 2011 comienza el diálogo en San Borja, pero no  llega a acuerdos. El 4 de septiembre los marchistas envían una carta en la que repudian la posición inflexible de las autoridades e ingresan a   cuarto intermedio

9/9

El  9 de septiembre se reinicia la marcha; el 13 de ese mes en La Embocada  vuelve a abrirse el  diálogo pero  tampoco da resultados positivos. La movilización indígena  se reinicia el 17 de septiembre y avanza rumbo a Limoncito.

Gobierno

Esgrimía la bandera del desarrollo y la  integración nacional como argumento para la carretera. La caminata avanzó pese a  sus denuncias contra dirigentes y ONG.

25/9

El 25 de septiembre,  al menos 500 efectivos policiales intervinieron  la movilización  en Chaparina, a  60 kilómetros de San Borja. Varios indígenas fueron  golpeados y amordazados.

1/10

Después de la represión de Chaparina, parte de los marchistas fueron llevados a  Rurrenabaque y otros huyeron a San Borja.   Seis días después, los indígenas, pese a los lesionados,  retoman la caminata desde Quiquibey.

19/10

La marcha llega a sede de Gobierno con el apoyo de la población paceña. El 24 de octubre el presidente Evo Morales, promulga la Ley 180 que instituye “intangibilidad” del área protegida.

“Desde la marcha del 2011 lo único que he recibido del gobierno  es  persecución, al extremo de darme una muerte civil”.

Fernando Vargas Mosua

“Hemos luchado sin importar el gobierno que esté en el poder: por  tierras, por la  Constituyente, por la autonomía indígena”.

Miriam Yubanure

“La intención del gobierno es acallar los liderazgos indígenas originarios, pero no va a pasar. Nuestros derechos no se negocian”.

Lázaro Tacoó