Los acontecimientos de 2019 siguen dividiendo a los bolivianos, aunque no en partes iguales. El gobierno de Luis Arce busca sellar la lectura del derrocamiento de Evo Morales como producto de un golpe de Estado y mantener en prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez. La oposición, que niega que haya habido golpe, se expresa sobre todo en los medios y redes sociales, pero su fuerza social se encuentra disminuida.

Bolivia está inmersa en un “debate letrado” del tipo de los que han acompañado varios momentos críticos de su historia. A principios de este siglo, por ejemplo, corrieron ríos de tinta sobre la situación de la industria del gas y la población se dividió entre quienes querían la nacionalización y quienes la rechazaban. Pero después de que el presidente Evo Morales la promulgara el 1 de mayo de 2006, el apasionado debate sobre el futuro del gas quedó suspendido y no se reabrió más.

Hoy el asunto que divide al país es la interpretación de la ruptura violenta de noviembre de 2019. Para quienes participaron en ella, fue un alzamiento espontáneo contra una “dictadura” que pretendía perpetuarse por medio de un fraude electoral. Para el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue un golpe de Estado “planificado con varios meses de antelación”, digitado desde Estados Unidos y operado por el conjunto de la oposición a Morales. Desde hace meses que esta discrepancia interpretativa y sus ramificaciones ocupan las primeras páginas de los periódicos, los titulares de los noticiarios, las tertulias televisivas; son motivo de memes y han inspirado la publicación de libros de muchos cientos de páginas.

Los dos bandos no son del mismo tamaño y la relación entre ellos no es simétrica. Hace diez meses, el MAS ganó las elecciones con 55% de los votos y posee una sólida hegemonía dentro de los sectores subalternos de la población. Sin embargo, la oposición —es decir, quienes sostienen que no hubo ningún putch que pueda o deba ser sancionado— agrupa a la mayoría de los poderes fácticos del país: la elite económica, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación mainstream, etc. Por eso, quien siga la polémica por los principales periódicos tendrá la impresión de que el MAS y Evo Morales se hallan acorralados por sus incongruencias y de que los múltiples juicios que se están realizando o se quiere iniciar en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores se originan en el abuso de poder.

El mejor ejemplo del posicionamiento de los medios ha sido la recepción del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que, por un acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó la violencia política que se produjo en octubre y noviembre de 2019. Este informe señala que se produjeron violaciones a los derechos humanos tanto en los últimos días del gobierno de Morales como en la parte inicial de la administración de su reemplazante, Jeanine Áñez. Considera las últimas más graves que las primeras, tanto por su dimensión como porque fueron ejecutadas directamente por las fuerzas de seguridad del Estado. En particular, el informe se refiere a la masacre de una veintena de manifestantes en el pueblo de Sacaba, cerca de Cochabamba, y en la zona Senkata de la ciudad de El Alto. Sin embargo, los periódicos cubrieron la noticia al revés, destacando los casos en los que los presuntos autores estuvieron relacionados con el MAS, como un tiroteo en la ciudad de Montero en el que murieron dos manifestantes de los comités cívicos y una emboscada a un convoy de buses con mineros opositores que viajaban a La Paz a contribuir al derrocamiento de Morales, los cuales fueron heridos por disparos de armas de largo alcance. El MAS se ha defendido a través de la red de comunicación estatal y los pocos medios privados oficialistas que quedan. Ha atribuido a la prensa un papel político opositor, lo que fue rechazado por las asociaciones de periodistas.

El debate no es puramente historiográfico, sino que fue activado y está referido a la investigación judicial de los hechos sucedidos durante el derrocamiento de Evo Morales. Su contenido se ha tornado muy complejo y difícil de seguir para los ciudadanos comunes. Se desglosa en varios enfrentamientos menores y se despliega en diferentes espacios institucionales. En la Asamblea Legislativa, el oficialismo quiere aprobar un “juicio de responsabilidades” contra Áñez por las decisiones que tomó como presidenta del país, entre ellas la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. El obstáculo es que el MAS no cuenta con la mayoría necesaria de dos tercios del plenario. Le faltan 15 votos. Por su parte, la oposición afirma que podría aprobar un juicio sobre lo sucedido en 2019 siempre que éste incluyese también a Evo Morales, lo que el MAS rechaza. Este impasse parece muy difícil de superar. Diputados de oposición denunciaron, sin mostrar pruebas, que se les ofreció sobornos para autorizar el juicio de responsabilidades. La bancada oficialista lo desmintió.

El gobierno de Arce repite que la reconciliación entre bolivianos debe asentarse sobre la justicia y no sobre la impunidad. Quien tiene un discurso más conciliador es el vicepresidente David Choquehuanca. Este referente aymara está distanciado de Evo Morales desde hace mucho tiempo y también en esta cuestión.

Morales declaró que “la reconciliación es imposible” y que el MAS debe vencer al “fascismo y al imperialismo”, a los que atribuye su caída en 2019. En otra ocasión dijo que “no va a haber reconciliación con fascistas y racistas (en referencia a los movimientos cívicos), salvo que entiendan que nuestro programa y nuestra ideología están bien para Bolivia”. El antagonismo entre Choquehuanca y Morales es el principal riesgo para la unidad del MAS, pero al parecer solamente se tornará un problema digno de consideración hacia el final de la gestión de Arce. Por ahora, ambos líderes conviven pacíficamente, si bien con algunos roces.

Los analistas discuten si la intensa polarización de las altas esferas de la sociedad refleja o no un fenómeno análogo en la población. Las encuestas indican que la mayoría de los bolivianos no tiene tiempo ni ganas para ocuparse de temas políticos, porque está concentrada en enfrentar la crisis económica y la pandemia.

Este dato se presenta incluso en los sectores de altos ingresos y, de manera mucho más intensa, entre los jóvenes, que, luego del fracaso del movimiento de las pititas en el que muchos pusieron sus esperanzas, se inclinan por el apoliticismo y por la condena, en bloque, del conjunto de la clase política. Como se sabe por la experiencia latinoamericana y boliviana, este sentimiento resulta muy volátil y puede dar lugar a toda clase de sorpresas políticas.

 (*) Fragmento del artículo ¿Golpe o fraude?: 2019 sigue polarizando a Bolivia, publicado en la edición digital de la revista Nueva Sociedad, de septiembre. El texto completo se lo puede leer en: https://nuso.org/articulo/Bolivia- Arce-MAS/?utm_source=newsletter& utm_medium=email