Desde hace 30 días, indígenas de las tierras bajas marchan desde Trinidad hacia Santa Cruz, reeditando por undécima vez la forma más efectiva que está a su alcance para reclamar por sus derechos.

Esta movilización adquiere un simbolismo especial porque coincide con el décimo aniversario de otra marcha que fue reprimida brutalmente, y también porque las circunstancias actuales la convierten en un desafío para la capacidad de concertación y cohesión de las organizaciones originarias de los llanos de Bolivia.

Las marchas indígenas históricamente han sido una estrategia de manifestación de la resistencia a las amenazas externas, en particular para los indígenas de la Amazonía.

La actual marcha indígena se da en un contexto de profunda crisis socio organizativa de las organizaciones indígenas de tierras bajas, la gran mayoría de las organizaciones están divididas, politizadas y sin agendas propias.

Y no es sólo una amenaza la que motiva esta movilización. No, pues el principal reclamo que mueve a cerca de medio millar de indígenas amazónicos, chiquitanos y chaqueños es por el“avasallamiento, sobreposición y creación de nuevos asentamientos ilegales en territorio indígena”.

Ese avasallamiento es propiciado por políticas de Estado, como la ampliación de la frontera agrícola y la dotación sistemática de tierras fiscales y de territorios indígenas a colonizadores de los valles y de las tierras altas, en franco desacato de la ley que prioriza a las poblaciones locales.

Peor aún, esa invasión de las tierras bajas —con fines netamente económicos— se la perpetra con violencia. Una violencia cuyas víctimas son los indígenas del lugar y cuyos agresores gozan de impunidad.

La misma impunidad de la que, una década después, gozan los responsables de la brutal represión a la octava marcha indígena que, en 2011, rechazaba la carretera que el Gobierno pretendía construir a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).

Hace 10 años, el 25 de septiembre de 2011, se produjo en la localidad de Chaparina una ofensiva policial, con apoyo logístico militar, contra los habitantes del Tipnis que se dirigían hacia la sede de gobierno para protestar por la decisión gubernamental de construir, “les guste o no les guste”, una carretera a través de su territorio.

Hoy, el Gobierno “acompaña” la marcha asistiéndolos con seguridad física y atención médica, pero deslegitimando sus reclamos por los avasallamientos e intentando dividirlos. Y los marchistas enfrentan también la amenaza de los interculturales que ya intentaron detenerlos.

Pero su mayor desafío es quizás interno: concertar entre todos el pliego de peticiones que quieren presentar a las autoridades de los poderes del Estado, cuando arriben a Santa Cruz, la próxima semana.